Guantes eléctricos: la propuesta de ICE para control en detenciones migratorias
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene previsto invertir hasta 20 millones de dólares en la adquisición de guantes que emiten descargas eléctricas.
Esta herramienta está destinada al uso por parte de agentes migratorios para el manejo físico de personas que presenten resistencia durante arrestos relacionados con las políticas migratorias actuales.
El dispositivo, que posee la apariencia de una prenda convencional, activa su función eléctrica mediante un interruptor al contacto con la piel.
Los planes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para adquirir estos equipos, denominados G.L.O.V.E. (Emisor de Voltaje Generado de Baja Intensidad), se hicieron públicos este martes en el sistema de previsiones del Gobierno federal.
Inversión millonaria
El presupuesto estimado por el DHS oscila entre los 10 y 20 millones de dólares para equipar a las unidades de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). El dispositivo es fabricado por la empresa Compliant Technologies, con sede en Kentucky.
Según el fabricante, esta tecnología busca la desescalada rápida de conflictos y la reducción del riesgo de lesiones.
Estos guantes ya se utilizan en algunos entornos penitenciarios y cuerpos policiales como una opción no letal diseñada para distancias cortas. Hasta la fecha, ni el DHS ni la empresa fabricante han emitido declaraciones oficiales adicionales sobre este plan de compra.
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Esta tecnología se integraría al conjunto de herramientas de vigilancia que el ICE ya emplea, como sistemas de reconocimiento facial, escáneres de huellas dactilares y lectores de matrículas.
La posible incorporación de estos dispositivos se produce en un contexto de escrutinio por parte de organizaciones civiles respecto al uso de la fuerza en operaciones migratorias.
Representantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han expresado su preocupación, señalando que la capacidad de infligir dolor de manera discreta, sumada a una posible falta de supervisión, podría aumentar el riesgo de incidentes y daños a las personas involucradas durante los encuentros con las autoridades.
