** Alivio a economía hondureña sería que fructifiquen negociaciones con Washington

** Sector general sufre impuesto del 10% y los arneses y componentes de autos el 25%

** Expectativas ante demanda de 25 estados de EE. UU. que piden se eliminen los aranceles

Las negociaciones directas con Washington y la demanda presentada por 25 estados de Estados Unidos contra la administración de Donald Trump podrían abrir una vía de alivio para la economía hondureña, afectada por un arancel base del 10% y una tasa del 25% para los arneses y componentes eléctricos destinados al sector automotriz.

Basado en una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, el Gobierno de Estados Unidos impuso entre el 23 y 24 de julio de 2026 tasas de entre 10% y 12.5% a 60 economías, incluida Honduras, bajo el argumento de una lucha insuficiente contra el trabajo forzoso.

El anuncio del Representante Comercial de Estados Unidos estableció para Honduras un arancel base del 10%. Aunque el país evitó el incremento adicional del 2.5% aplicado a otras naciones, la industria de arneses y componentes eléctricos para vehículos quedó sujeta a un impuesto del 25%.

Honduras evitó el recargo de 2.5% tras aprobar el Decreto Ejecutivo PCM-014-2026, que prohíbe la importación, el tránsito y la comercialización de mercancías producidas total o parcialmente bajo condiciones de trabajo forzoso u obligatorio. La normativa busca cumplir con convenios internacionales de la OIT y responder a las exigencias del comercio exterior.

Fuentes especializadas del sector indicaron que entre 60% y 62% de los productos nacionales mantienen condiciones estables, mientras sectores específicos, como el agrícola, enfrentan gravámenes del 10%.

Efectos

A pesar de evitar el recargo adicional de 2.5%, el arancel del 10% reduce los márgenes de ganancia frente a mercados exentos o con producción interna en Estados Unidos. Además, eleva los costos de las cadenas de suministro y de productos importados o reexportados.

El sector más afectado es el de los arneses y componentes eléctricos para vehículos, que paga una tasa del 25% para ingresar al mercado estadounidense.

La medida también tiene un impacto laboral, debido a que esta cadena productiva genera entre 17,000 y 20,000 empleos directos en Honduras. Como medida de mitigación comercial, parte de la producción se ha destinado temporalmente a plantas ensambladoras intermedias en México, lo que permite amortiguar el impacto operativo inmediato.

Diálogo negociaciones

Directivos de la maquila advierten que el gravamen resta competitividad y frena nuevas inversiones y proyectos de expansión en territorio hondureño.

Frente a esta situación, los gremios empresariales y la Secretaría de Desarrollo Económico mantienen diálogos y gestiones con sus contrapartes estadounidenses para buscar la revisión y eventual eliminación del arancel específico aplicado al sector automotriz.

De forma global, el Gobierno del presidente Asfura ha mantenido una postura de negociación con Washington para lograr revisiones o exenciones que protejan la economía nacional, al considerar que los aranceles generales y sectoriales estadounidenses reducen la competitividad de Honduras frente a otros países de la región.

Acciones del gobierno

El mandatario Asfura planteó directamente al presidente Donald Trump la urgencia de suprimir o ajustar los gravámenes para evitar una desventaja comercial frente a competidores como Guatemala y El Salvador.

Como resultado, se formaron comisiones de trabajo y se realizaron encuentros de alto nivel, entre ellos reuniones en Mar-a-Lago y Washington, con el objetivo de alinear intereses comerciales y preservar la relación con el principal socio comercial de Honduras.

El Ejecutivo sostiene que las tarifas afectan sectores clave de la exportación y la industria, por lo que insiste en la necesidad de mantener reglas claras que incentiven la inversión en territorio hondureño.

Los arneses

En agosto de 2025, la firma Dumas Lex Abogados, en su publicación digital “Impacto de aranceles de EE. UU. en Honduras: riesgos y acciones urgentes”, había advertido sobre el impacto de las medidas estadounidenses en la industria de arneses eléctricos.

La firma señaló que la decisión de la administración Trump afectaba directamente a una de las industrias más relevantes para la economía hondureña, responsable de más de 20,000 empleos formales.

Desde la perspectiva empresarial, el escenario plantea riesgos inmediatos en materia de costos, competitividad y continuidad de operaciones. Las empresas integradas a cadenas de suministro con destino a Estados Unidos podrían enfrentar una reducción de su rentabilidad y, en algunos casos, dificultades para mantener sus operaciones.

¿Qué debe hacer el gobierno?

Dumas Lex Abogados recomendó fortalecer la diplomacia comercial y emprender una gestión bilateral para revisar el impacto de los aranceles, especialmente en el sector de arneses. Estas acciones, según la firma, deberían involucrar al Congreso y al sector automotriz de Estados Unidos, respaldadas por estudios técnicos, datos económicos y propuestas viables.

También planteó mejorar el entorno regulatorio interno y atender las barreras no arancelarias que Honduras arrastra desde hace años.

Según informes recientes de la U.S. Trade and Development Agency (USTDA), el país enfrenta obstáculos regulatorios, burocráticos y jurídicos que limitan su competitividad, además de problemas relacionados con la protección de los derechos de propiedad intelectual.

El nearshoring, una oportunidad

El fenómeno del nearshoring ha abierto una ventana para atraer inversión extranjera directa, especialmente en el sector manufacturero. Sin embargo, esa oportunidad podría reducirse para los países que no avancen en reformas estructurales.

Honduras todavía puede posicionarse como destino de inversión, pero requiere un marco legal confiable, incentivos claros y una función pública más ágil y profesional.

Dumas Lex Abogados sostuvo que las empresas deben no solo monitorear los efectos de las decisiones comerciales externas, sino también exigir una evolución del entorno local. La firma considera que una economía más competitiva requiere reglas claras, seguridad jurídica y una interlocución efectiva entre el Gobierno y el sector privado.

Demanda de estados

En este contexto, una coalición de 25 estados, gobernados principalmente por demócratas, demandó el 3 de agosto de 2026 a la administración del presidente Donald Trump ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.

La demanda busca frenar los nuevos aranceles de entre 10% y 12.5% impuestos a productos provenientes de unos 60 socios comerciales, entre ellos Honduras.

Detalles de la demanda

La acción legal fue presentada en Manhattan, Nueva York, ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, por 25 estados encabezados por Nueva York y California, entre otros.

Los demandantes impugnan los aranceles de entre 10% y 12.5% aplicados a productos de más de 60 países, incluidos miembros de la Unión Europea y naciones de América Latina como Honduras.

Argumentos

Los estados sostienen que la administración Trump abusó de sus facultades al utilizar el argumento del trabajo forzoso como un mecanismo para imponer los nuevos gravámenes, y alegan que esta medida busca sortear un fallo previo de la Corte Suprema que había anulado aranceles anteriores.

También argumentan que los aranceles funcionan como un impuesto directo que encarece alimentos, materiales de construcción y artículos básicos para las familias trabajadoras.

La petición presentada ante el tribunal busca que se declare la ilegalidad de las tarifas, se suspenda su aplicación de inmediato y se ordene el reembolso del dinero pagado por estos conceptos.

Si la acción judicial prospera o las negociaciones bilaterales entre Honduras y Washington logran una revisión de los gravámenes, el país podría obtener un alivio frente a una medida que amenaza con reducir la competitividad de sus exportaciones y afectar especialmente a una industria que sostiene miles de empleos.