La ministra de Derechos Humanos, Leda García, expresó su profunda sorpresa y pesar ante la ratificación del gobierno de Estados Unidos de poner fin de manera definitiva al Estatus de Protección Temporal (TPS).

Esta medida deja sin amparo migratorio a más de 50 mil ciudadanos hondureños radicados en ese país.

García manifestó que la decisión fue inesperada y limitó el margen de acción de las autoridades actuales para abogar por la comunidad de beneficiarios.

Asimismo, la funcionaria atribuyó esta determinación a las consecuencias de las políticas adoptadas por la administración anterior, argumentando que dichas acciones cerraron las puertas a la posibilidad de seguir negociando la continuidad del programa.

Ante el inminente regreso de los miles de compatriotas que se encontraban protegidos bajo este esquema, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) hizo un llamado urgente a articular esfuerzos institucionales.

El objetivo prioritario será coordinar una estrategia nacional para garantizar un retorno digno y ordenado para cada uno de los afectados.

El TPS para Honduras fue otorgado originalmente en 1998 como una medida de alivio humanitario tras la devastación causada por el huracán Mitch.

Tras casi tres décadas de vigencia, la administración estadounidense liderada por Donald Trump decidió retirar el beneficio, bajo el argumento de que las condiciones de emergencia que justificaron su implementación inicial ya no persisten en el país centroamericano.