La demora del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en resolver 22 oposiciones presentadas contra el Acuerdo Institucional 092-2025 mantiene bajo preocupación a comunidades y propietarios de la Zona de Reserva del Merendón (ZRM), donde más de 150 mil pobladores esperan una definición que brinde seguridad jurídica sin debilitar la protección ambiental de la montaña.

La tardanza de enviar el decreto al Congreso Nacional sobre los nuevos límites remedidos en 2025 y las largas al asunto con la realización de las llamadas «mesas técnicas», desespera a los pobladores que exigen al Congreso Nacional intervenir y urgir se proceda al envío del decreto.

Ya van más de tres años de espera y están al borde de ir a tomarse las instalaciones del ICF y exigir celeridad ya que están en un limbo jurídico, atados para realizar cualquier gestión sobre sus tierras, esto incluye mejoras a sus casas, obtener préstamos y otros.

Entre los sectores involucrados se encuentran Cofradía, El Zapotal, Armenta, El Retiro, Los Pinos y Las Delicias del Norte, además de otras comunidades aledañas.

El Acuerdo 092-2025, emitido por el ICF en octubre de 2025, redefine los límites de la reserva, plantea una recuperación de unas 1,100 hectáreas y propone categorizar el área protegida como Parque Nacional.

La propuesta también contempla sustituir el régimen establecido mediante el Decreto 46-90, situación que ha generado diferencias entre comunidades, sectores ambientalistas, propietarios y otros actores de San Pedro Sula.

Comunidades reclaman seguridad jurídica

Parte de la preocupación se concentra en comunidades establecidas desde antes del Decreto 46-90. Sus pobladores aseguran que las restricciones actuales han dificultado inscribir propiedades, acceder a financiamiento e incluso realizar mejoras en viviendas existentes.

Gabriel Linares, dirigente de El Zapotal, aseguró que las comunidades respaldan la conservación de la montaña, pero reclaman claridad sobre los límites.

“Nosotros como comunidades no nos oponemos a que se proteja; al contrario, cuando ocurre un incendio somos los primeros”, manifestó.

Linares pidió que se respeten los límites georreferenciados y se otorgue certeza jurídica a las poblaciones existentes, manteniendo al mismo tiempo restricciones contra nuevas invasiones, lotificaciones y cambios de uso del suelo.

ICF prepara nuevo acuerdo

El director del ICF, José Armando Ramírez Mejía, informó que se conformó una mesa técnica interinstitucional para revisar el proceso y elaborar un nuevo acuerdo que incorpore las observaciones presentadas.

“Tenemos que culminar la socialización con todos los sectores y poder documentar bien el acuerdo institucional que se enviará al Congreso Nacional una vez se resuelvan las impugnaciones”, explicó.

Según Ramírez, la meta es completar el proceso de socialización y remitir la propuesta al Congreso Nacional en octubre para su discusión.

El funcionario aseguró que la nueva delimitación deberá respetar los derechos de las comunidades, las construcciones existentes y la propiedad privada, mientras se mantiene como prioridad la protección de las fuentes de agua y los bosques de El Merendón.

El desafío será alcanzar un acuerdo que otorgue seguridad jurídica a las comunidades ya establecidas sin abrir espacio a nuevas ocupaciones y, al mismo tiempo, preserve una de las principales zonas productoras de agua de San Pedro Sula.