Honduras debe avanzar en la tipificación de la desaparición forzada como delito autónomo y aprobar la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, planteó Carmen Rosa Villa, experta del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.

Villa señaló que el país enfrenta el desafío de convertir las recomendaciones internacionales en acciones concretas que permitan garantizar verdad, justicia, búsqueda, memoria, reparación y garantías de no repetición para las víctimas y sus familiares.

Las declaraciones fueron brindadas durante el foro “Honduras frente a las desapariciones forzadas: avances y desafíos”, desarrollado este viernes en el marco de la conmemoración del 20 aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

“La desaparición no concluye” hasta conocer el paradero

La especialista enfatizó que un caso de desaparición forzada permanece abierto mientras no se determine qué ocurrió con la persona y se esclarezca su paradero.

Villa sostuvo que las medidas planteadas no constituyen una nueva exigencia impuesta desde el exterior, sino compromisos que Honduras ya reconoció ante organismos internacionales.

“Lo que se pide no es que el Estado asuma algo nuevo, sino que complete lo que ya había declarado parte de su agenda”, expresó.

La experta advirtió además sobre el paso del tiempo para las familias que todavía buscan respuestas por las desapariciones ocurridas durante la década de 1980.

“Cada año que pasa, algunas de las personas sobrevivientes mueren sin haber recibido nada, ni verdad, ni reparación y sin ninguna explicación”, lamentó.

Piden una base única de desaparecidos

Villa consideró necesaria la creación de una base de datos de personas desaparecidas que permita al Estado disponer de información propia para desarrollar políticas públicas y evitar depender de registros proporcionados por terceros.

La propuesta de Ley de Búsqueda, explicó, contempla aspectos relacionados con el reconocimiento de las víctimas y sus familiares, esclarecimiento de los hechos, búsqueda de las personas desaparecidas o sus restos, reparación, participación de las víctimas y garantías de no repetición.

También permitiría incorporar en un registro a hondureños desaparecidos dentro y fuera del territorio nacional.