Tegucigalpa, Honduras. — La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció este miércoles presuntas irregularidades, falta de transparencia y deficiencias en la rendición de cuentas de más de L1,837 millones en recursos públicos destinados a becas, bonos, cupones alimenticios, viviendas y otras ayudas sociales gestionadas por diputados del Congreso Nacional entre 2023 y 2025.

La investigación, denominada “Diputados Solidarios”, señala que durante ese período se canalizaron exactamente L1,837,349,701.14 del Fondo de Administración Solidaria mediante una línea presupuestaria concebida para gastos de emergencia, pero que, según ASJ, funcionó sin suficientes mecanismos de transparencia, control y trazabilidad.

El director de Democracia y Transparencia de ASJ, Juan Carlos Aguilar, señaló que aunque instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización aparecían formalmente como ejecutoras, en la práctica diputados presentaban proyectos, solicitaban beneficios y participaban en la gestión de su entrega en las comunidades.

Denuncia pública: Diputados solidarios https://t.co/zlnb3ja6Sn

— Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) (@asjhn1) September 2, 2026

Diputados señalados como gestores de los fondos

La investigación presentada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) también identifica a diputados y exdiputados que aparecen como gestores de recursos destinados a becas, cupones alimenticios y otros programas sociales.

Entre los nombres mencionados en la documentación divulgada se encuentran:

• Rasel Tomé
• Hugo Noé Pino
• Fabricio Sandoval
• Mauricio Rivera
• Oved López
• Isis Cuéllar
• Bartolo Fuentes
• Andrés Castro
• Pablo Ramón Soto

En el componente específico de becas, ASJ señaló que 50 diputados propietarios y suplentes gestionaron más de L110 millones para aproximadamente 22,000 beneficios estudiantiles entre 2023 y 2025. Entre los mayores gestores identificados por la organización aparecen Rasel Tomé y su suplente, con alrededor de L29 millones para 5,801 becas, y Hugo Noé Pino y su suplente, con aproximadamente L25.7 millones para 5,142 becas.

ASJ también indicó que prepara información sobre los legisladores que concentraron las mayores cantidades de recursos gestionados dentro de estos programas.

Es importante precisar en la nota que figurar como gestor de estos fondos no significa que esas personas hayan recibido personalmente el dinero ni demuestra por sí mismo la comisión de un delito. La denuncia de ASJ cuestiona la transparencia, liquidación y trazabilidad de los recursos y plantea que corresponde al Ministerio Público investigar y determinar posibles responsabilidades.

Un fondo de hasta L950 millones anuales

Según la investigación, el mecanismo fue creado en 2023 mediante las Disposiciones Generales del Presupuesto, autorizando al Congreso Nacional a asignar hasta L950 millones anuales a siete instituciones estatales para financiar becas, proyectos sociales e infraestructura menor.

Posteriormente se incorporaron otros beneficios, entre ellos cupones de alimentos, kits tecnológicos e insumos médicos. Solo durante 2024, identificado como el año de mayor movimiento de recursos, se ejecutaron L898.5 millones entre Sedesol, FHIS y Gobernación.

La preocupación de ASJ radica principalmente en los mecanismos utilizados para demostrar posteriormente quién recibió el dinero, en qué se utilizó y si las ayudas llegaron efectivamente a los beneficiarios registrados.

De acuerdo con la organización, ninguna de las entidades ejecutoras habría remitido a los organismos de control todos los informes de liquidación requeridos. ASJ sostiene además que Sedesol reconoció que todavía no había liquidado recursos correspondientes al período 2023-2025.

Solo 37 % de cupones habría sido liquidado

Uno de los hallazgos señalados por ASJ corresponde a los cupones y certificados para alimentos.

La investigación establece que durante el período analizado se canjearon más de L187 millones bajo esta modalidad, pero únicamente alrededor del 37 % había sido liquidado, por lo que una parte considerable de los recursos permanecía sin suficiente trazabilidad, según la organización.

Más de L53 millones en cupones habrían sido gestionados mediante un grupo de 26 diputados, todos pertenecientes en ese momento al Partido Libertad y Refundación (Libre), de acuerdo con los datos presentados por ASJ.

El director de ASJ, Carlos Hernández, sostuvo que la ausencia de liquidaciones constituye un elemento que debe ser esclarecido por las instituciones competentes.

“Si no hay liquidaciones, eso es una irregularidad. ¿Por qué no liquidaron? Eso es lo que nos tiene que responder el Ministerio Público”.

Hernández recalcó que corresponde a la Fiscalía determinar, mediante una investigación, si las inconsistencias identificadas pueden derivar en responsabilidades penales.

ASJ encuentra beneficiarios que aseguran no haber recibido ayudas

La investigación fue más allá del análisis de documentos. ASJ informó que realizó verificaciones aleatorias entre personas que aparecían registradas como beneficiarias de diferentes programas.

Según Hernández, algunas de las personas consultadas aseguraron no haber recibido las becas, ayudas económicas u otros beneficios que figuraban asociados a sus nombres.

La organización también reportó casos relacionados con supuestas ayudas para estudios, emprendimientos y adquisición de maquinaria en los que personas consultadas negaron haber recibido los recursos o indicaron que las actividades registradas no existieron. Estos hallazgos corresponden a la investigación de ASJ y deberán ser comprobados por las autoridades competentes.

Más de L110 millones en unas 22,000 becas

Las becas estudiantiles representan otro componente bajo cuestionamiento.

ASJ encontró que 50 diputados propietarios y suplentes gestionaron con Sedesol más de L110 millones para cerca de 22,000 becas entre 2023 y 2025.

Según el informe, el entonces diputado Rasel Tomé y su suplente aparecen encabezando la gestión de estos recursos con aproximadamente L29 millones para 5,801 becas, mientras Hugo Noé Pino y su suplente figuran con unos L25.7 millones para 5,142 becas.

La aparición de los nombres en el informe no implica por sí misma la comisión de un delito. La investigación de ASJ cuestiona el mecanismo de gestión, liquidación y control de los fondos, mientras corresponde al Ministerio Público determinar eventuales responsabilidades individuales.

ASJ también señaló que Banadesa y Sedesol suscribieron un convenio que contiene una cláusula de confidencialidad, la cual habría sido invocada para no proporcionar información sobre la liquidación de recursos destinados a becas. La organización cuestiona esa reserva al considerar que ese tipo de información sobre fondos públicos debe estar sometida a transparencia y rendición de cuentas.

Diputados aparecen entre los principales gestores

Entre los parlamentarios mencionados en la información divulgada sobre el informe aparecen Hugo Noé Pino, Rasel Tomé, Fabricio Sandoval, Mauricio Rivera, Oved López, Isis Cuéllar, Bartolo Fuentes, Andrés Castro y Pablo Ramón Soto, entre otros exlegisladores de Libre.

ASJ indicó que dispone de información sobre los principales gestores y adelantó que podría divulgar posteriormente una clasificación de los 20 diputados que gestionaron las mayores cantidades.

La organización enfatizó que su investigación documenta posibles irregularidades y deficiencias de control, pero será el Ministerio Público el encargado de determinar si hubo delitos y quiénes podrían ser responsables.

Informe será llevado al Ministerio Público

ASJ anunció que trasladará la documentación recopilada al Ministerio Público para que los fiscales investiguen el destino final de los recursos.

“Estamos trasladando esto al Ministerio Público”, confirmó Hernández, quien pidió establecer qué ocurrió con los fondos cuya liquidación o trazabilidad está cuestionada.

El director de ASJ considera que el problema trasciende este caso y responde a prácticas que la organización viene observando desde hace años en la administración de recursos destinados a programas sociales.

En enero, la propia ASJ había advertido que entre 2022 y 2025 se ejecutaron más de L785 millones en subvenciones legislativas, además de L2,850 millones aprobados para gasto social entre 2023 y 2025. En aquel análisis cuestionó la ausencia de mecanismos claros y estandarizados para evaluar el impacto de esos recursos.

La organización también ha advertido de manera más amplia sobre riesgos de discrecionalidad en el gasto público. En su evaluación del Presupuesto 2025 señaló que, pese al crecimiento del presupuesto y del endeudamiento, persistían rezagos en servicios esenciales, mientras el gasto en publicidad y propaganda alcanzó L1,236.4 millones.

Con el informe “Diputados Solidarios”, ASJ vuelve a colocar en discusión la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos, especialmente cuando las ayudas estatales son gestionadas directamente por actores políticos.

La documentación pasa ahora al Ministerio Público, que deberá determinar si las inconsistencias señaladas constituyen únicamente deficiencias administrativas o si existen elementos suficientes para iniciar investigaciones penales y establecer eventuales responsabilidades.