** Técnico señala que el verdadero desafío es reducir las pérdidas, combatir el robo de energía y garantizar suficientes inversiones

**  “Mientras no haya inversiones en generación no se van a acabar los apagones”, advirtió el especialista en energía, Marcos Flores

** Clamor de los abonados: un servicio más eficiente y tarifas sostenibles

La Ley de Justicia Energética es el marco para reorganizar la estatal eléctrica, mantenerla bajo propiedad pública y contener temporalmente las tarifas.

Desde el sector técnico, sin embargo, advierten que el verdadero desafío estará en reducir las pérdidas, combatir el robo y hurto de energía y garantizar inversiones suficientes para mejorar el servicio.

La aprobación de la Ley de Justicia Energética abre una nueva etapa para el sistema eléctrico hondureño, pero también deja sobre la mesa interrogantes sobre sus resultados a mediano plazo.

E𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐒𝐎𝐍 𝐋𝐎𝐒 𝐏𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐈𝐏𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐋𝐄𝐘 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆Í𝐀

MODERNIZAR LA ENEE

En tanto, la normativa promete recuperar, reorganizar y modernizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), especialistas consideran que esos objetivos dependerán de acciones que van mucho más allá de modificar su estructura.

Uno de los principales alivios inmediatos para los abonados será el congelamiento temporal de la tarifa. La legislación establece que, una vez vigente, el valor aplicado en el último recibo no podrá incrementarse durante seis meses y deja abierta la posibilidad de extender esa protección por otros seis meses mediante una decisión del Congreso Nacional.

La reforma también dispone que la ENEE continuará siendo pública. La estatal funcionará como empresa matriz y las actividades de generación, transmisión y distribución estarán separadas en subsidiarias con autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera, pero cuyas acciones permanecerán totalmente en manos del Estado.

Los activos tampoco serán transferidos a esas empresas: seguirán perteneciendo a la ENEE y únicamente serán asignados para su administración, operación, mantenimiento y custodia.

SOBRE LAS TARIFAS

Pese a esas disposiciones, el especialista en energía, Marcos Flores, mantiene una visión crítica sobre el futuro de la reforma y considera que los usuarios podrían enfrentar nuevos incrementos una vez termine el período de protección establecido en la ley.

Flores sostiene que la reorganización tendrá efectos similares a una privatización, pese a que el texto aprobado establece que el Estado conservará el 100 por ciento de las acciones. Su preocupación se concentra especialmente en la participación de agentes privados y comercializadores dentro del nuevo esquema eléctrico.

El especialista afirmó que las tarifas ya han experimentado incrementos DEL 27% durante el año y cuestionó que la protección establecida tenga una duración inicial de apenas seis meses.

“Sin lugar a dudas, vamos a tener incrementos”, señaló al referirse a lo que, a su criterio, podría ocurrir después del período de congelamiento.

Para Flores, tampoco debe confundirse una reforma institucional con una solución inmediata a los problemas que diariamente enfrentan los abonados.

“Mientras no haya inversiones en generación, no se van a acabar los apagones”, advirtió.

ROBO DE ENERGÍA

En un punto que trasciende la discusión sobre la reorganización de la ENEE, aparece uno de los problemas históricos del sistema: las pérdidas provocadas por el robo y hurto de electricidad y los usuarios que no pagan el servicio.

Flores considera que el combate al robo debería convertirse en una de las prioridades de la recuperación financiera de la estatal. Señala que la ENEE sabe cuáles son los circuitos donde se concentran estas prácticas y se deben desplegar equipos técnicos acompañados por elementos de la Policía Nacional y el Ministerio Público (MP), capaces de documentar los casos y proceder legalmente.

“Lo que tendrían que hacer (…) es ver la manera de que los que no paguen, paguen”, manifestó.

El especialista cuestionó que, según su revisión de la normativa, no exista un plan suficientemente claro y específico para reducir las pérdidas mediante el combate directo al hurto.

Este punto adquiere especial importancia porque una reorganización administrativa por sí sola no garantiza que la ENEE recupere los ingresos que pierde por conexiones ilegales, mora y otras ineficiencias, señaló. El éxito de la nueva estructura dependerá también de la capacidad institucional para cobrar la energía suministrada y reducir las fugas financieras del sistema.

AHORRAR Y PRODUCIR ENERGÍA PROPIA

Flores plantea que la reforma debería complementarse con otras herramientas que ya forman parte del marco legal hondureño, particularmente las relacionadas con el uso racional y eficiente de la energía.

Entre las alternativas menciona fomentar la autoproducción mediante paneles solares y otras tecnologías, además de incentivar la utilización de electrodomésticos y equipos de mayor eficiencia energética.

Aunque reconoce que estos productos pueden representar una inversión inicial más elevada para las familias, sostiene que el menor consumo permite recuperar gradualmente ese costo y reducir la dependencia de la electricidad suministrada por el Sistema Interconectado Nacional.

“Lo más conveniente sería ahorrar energía”, resumió.

DEMOSTRAR RESULTADOS

La Ley de Justicia Energética llega, por tanto, con dos lecturas. Desde su diseño legislativo promete preservar la propiedad estatal de la ENEE, reorganizar sus principales áreas y conceder un período de estabilidad tarifaria a los consumidores. Del lado crítico, existe preocupación por lo que sucederá después de esos seis meses y por la capacidad real de la reforma para atacar problemas que vienen acumulándose durante años.

La prueba comenzará con su implementación. Si la reorganización se acompaña de inversiones en generación y redes, reducción efectiva de pérdidas, recuperación de la mora, combate al hurto y políticas de eficiencia energética, la reforma podría tener herramientas para mejorar la situación de la estatal eléctrica.

Si esos problemas permanecen, el cambio de estructura tendrá dificultades para traducirse en el clamor de los abonados: menos apagones, un servicio más eficiente y tarifas sostenibles.

Por ahora, el congelamiento establecido por la ley ofrece una pausa de seis meses. Lo que ocurra después dependerá, en buena medida, de cuánto avance la recuperación de la ENEE durante ese período.