Honduras decidió enfrentar a determinadas estructuras del crimen organizado con una figura jurídica distinta al estado de excepción: declararlas asociaciones terroristas y construir alrededor de esa clasificación un nuevo esquema policial, penitenciario y judicial.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó el sábado 19 de septiembre que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) ya aplicó la figura contra tres organizaciones, durante la reunión celebrada la noche anterior en Casa Presidencial.

Las autoridades mantienen bajo reserva los nombres de las tres estructuras. Zambrano argumentó que revelarlos antes de ejecutar las operaciones podría alertar a sus integrantes.

La decisión es relevante porque no se limita a cambiar la denominación de los grupos. El Gobierno pretende utilizar esa clasificación como base para modificar el tratamiento penitenciario, especializar la persecución judicial y reforzar las operaciones de policías y militares.

¿QUÉ CAMBIA AL DECLARARLOS TERRORISTAS?

La base legal está en el Decreto 84-2026, publicado en La Gaceta el 22 de mayo. La reforma modificó el artículo 587 del Código Penal sobre asociación terrorista e incorporó, entre otros supuestos, organizaciones que mediante violencia, amenazas, intimidación o coerción busquen mantener presencia territorial o dominio social sobre comunidades, barrios o sectores económicos.

Zambrano sostiene que esta clasificación proporciona mayores herramientas para actuar contra las estructuras y habló de delitos en una situación de “flagrancia de carácter permanente”. Esa es la interpretación expuesta por el presidente del Congreso sobre los efectos de la reforma; su aplicación concreta corresponderá a las instituciones de seguridad, fiscales y tribunales.

La declaratoria tampoco significa que cualquier persona señalada como integrante sea automáticamente culpable. La responsabilidad penal individual deberá establecerse dentro del correspondiente proceso judicial.

MÁXIMA SEGURIDAD AUN SIN SENTENCIA

Una de las medidas que puede generar mayor discusión jurídica está en las cárceles.

Zambrano anunció que este lunes 21 de septiembre llegará al Congreso una reforma para establecer un régimen especial de comunicación para reos considerados de alta peligrosidad y personas vinculadas a organizaciones declaradas terroristas.

La propuesta busca restringir las comunicaciones que estos privados de libertad mantienen desde los centros penitenciarios.

Además, contempla que integrantes de estructuras declaradas terroristas puedan ser enviados a módulos de máxima seguridad mientras cumplen prisión preventiva, aunque todavía no exista sentencia condenatoria.

Este último punto todavía es una propuesta de reforma y no debe confundirse con una disposición que ya esté plenamente vigente.

JUECES Y FISCALES ESPECIALIZADOS

El segundo componente será judicial.

El CNDS autorizó la creación de un circuito especializado para delitos relacionados con terrorismo, que incluiría jueces dedicados a estas causas, fiscales especializados y una instancia de apelación.

Zambrano señaló que los funcionarios asignados necesitarán medidas especiales de protección debido al tipo de organizaciones que enfrentarán.

El objetivo es concentrar conocimiento, investigación y procesamiento de estos expedientes en operadores especializados, aunque todavía falta conocer cómo quedará estructurado el circuito y los recursos que requerirá.

ENTRA EN ESCENA LA AGENCIA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN

Otro acuerdo fue aprobar el reglamento de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC).

La institución deberá articular las actuaciones de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, organismos de inteligencia, Ministerio Público, Poder Judicial y otras entidades relacionadas con seguridad y justicia.

Zambrano informó que el coronel Julio Alberto Ruiz Cerrato fue nombrado para dirigir o coordinar la agencia.

La importancia de esta institución estará en comprobar si logra convertir el intercambio de inteligencia entre diferentes organismos en investigaciones, capturas y procesos judiciales efectivos.

POLICÍAS Y MILITARES A LAS CALLES

La nueva estrategia incluye además un mayor despliegue de la Policía Nacional y la Policía Militar.

Según Zambrano, el CNDS autorizó reforzar unidades especializadas y aumentar la presencia de efectivos en barrios, colonias y municipios considerados de mayor riesgo. También se buscarán recursos para vehículos, chalecos, armas, tecnología y drones.

El Congreso, aseguró su presidente, respaldará las reformas y recursos requeridos, pero posteriormente solicitará informes a las instituciones responsables de ejecutar las medidas.

¿POR QUÉ NO HABRÁ ESTADO DE EXCEPCIÓN?

La decisión representa un giro frente a la posibilidad discutida días atrás de establecer nuevamente un estado de excepción focalizado.

Zambrano sostuvo que, con las nuevas herramientas legales y la declaratoria de organizaciones terroristas, el CNDS considera que por ahora no es necesario recurrir a esa figura.

La diferencia es importante: el estado de excepción implica restricciones temporales a determinadas garantías constitucionales; la estrategia anunciada pretende operar mediante las reformas penales, instituciones y procedimientos especializados.

El resultado, sin embargo, no dependerá únicamente de la denominación utilizada para los grupos. Quedan cuestiones determinantes por conocer: cuáles son las tres organizaciones declaradas terroristas, qué alcance jurídico tendrán las nuevas facultades, cómo funcionará el régimen penitenciario especial y si la coordinación entre policías, militares, fiscales y jueces se traducirá en resultados verificables.