Un total de 415 niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) murieron de forma violenta en Honduras entre enero y agosto de 2026, según el informe realizado por la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN).

El registro de monitoreo de medios de comunicación representa un incremento del 13 %, equivalente a 56 víctimas más, frente a las 359 muertes reportadas durante el mismo período de 2025.

Del total contabilizado en 2026, 330 víctimas, equivalentes al 80 %, tenían entre 18 y 30 años, mientras que 85, el 20 %, eran niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años.

Por sexo, 323 víctimas eran hombres, que representan el 78 % del total, mientras que 92 eran mujeres, equivalentes al 22 %.

Francisco Morazán

Los departamentos con mayor concentración de muertes violentas fueron Francisco Morazán, con 104 casos; Cortés, con 56; Yoro, con 48; Atlántida, con 36; y Colón, con 27.

El monitoreo también registra 150 muertes por accidentes viales durante el período analizado.

De estas víctimas, 103 eran hombres y 47 mujeres. Además, 104 eran jóvenes y 46 correspondían a niñas, niños y adolescentes.

Agosto cerró con 52 muertes

Durante agosto de 2026, COIPRODEN registró 52 muertes violentas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Del total mensual, 39 víctimas eran hombres, equivalentes al 75 %, y 13 eran mujeres, que representan el 25 %.

Asimismo, 43 víctimas, el 83 %, eran jóvenes de 18 a 30 años, mientras que nueve, equivalentes al 17 %, tenían entre 0 y 17 años.

Prevención

El incremento registrado durante los primeros ocho meses del año plantea desafíos en materia de prevención de la violencia y seguridad ciudadana.

La organización también señala la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad vial ante la persistencia de las muertes provocadas por accidentes de tránsito.

COIPRODEN plantea además reforzar las políticas públicas dirigidas a garantizar la protección integral y el ejercicio de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Honduras.

Según el monitoreo, cada muerte representa una vida perdida y plantea nuevos desafíos para las instituciones responsables de la protección de este sector de la población.