La disputa por tierras derivada de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) vuelve a generar preocupación en la Bahía de Tela, donde Defensores de la Paz en Tela (DEPAT) inició una campaña para orientar a pobladores sobre el alcance de las resoluciones relacionadas con San Juan y Triunfo de la Cruz.

La organización busca llamar la atención sobre la situación de personas que poseen terrenos o viviendas dentro de las zonas en conflicto y que aseguran contar con documentación que respalda sus derechos.

En el caso de San Juan, la sentencia fue emitida el 29 de agosto de 2023. DEPAT señala que la Corte IDH ordenó al Estado hondureño delimitar y titular las tierras de la comunidad, pero sostiene que durante ese proceso también debe considerarse la situación de quienes ya habitan las áreas en disputa y poseen documentación legal.

DENUNCIAN MOVILIZACIONES HACIA LAS ZONAS EN DISPUTA

DEPAT denuncia que dirigentes y activistas garífunas estarían movilizando personas provenientes de otras comunidades de Cortés, Colón y Atlántida para participar en tomas de carreteras, destrucción de cultivos y acciones relacionadas con terrenos en disputa.

Estas afirmaciones corresponden a una denuncia de la organización y el documento divulgado no presenta elementos independientes que permitan comprobar cada uno de los hechos señalados.

DEPAT sostiene además que las sentencias de la Corte IDH no autorizan a particulares a ejecutar invasiones o despojos, y plantea que corresponde al Estado hondureño resolver los conflictos surgidos durante el proceso de cumplimiento de las resoluciones.

DERECHOS DE TERCEROS

El caso de San Juan no se limita al reconocimiento de los derechos territoriales de la comunidad garífuna. Uno de los puntos sensibles es determinar qué ocurrirá con terceros que alegan derechos sobre propiedades ubicadas dentro de las áreas reclamadas.

Ese escenario coloca al Estado frente al desafío de ejecutar la sentencia de la Corte IDH y, al mismo tiempo, resolver jurídicamente las reclamaciones existentes sobre las propiedades.

DEPAT está recomendando a los habitantes informarse sobre el alcance de las sentencias, organizarse, buscar asesoría jurídica y documentar cada caso particular.

La atención estará ahora en las acciones que adopte el Estado para avanzar en el cumplimiento de la sentencia de San Juan y en los mecanismos que utilice para atender los derechos y reclamaciones de todas las partes involucradas.