El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que Honduras debe avanzar de manera inmediata en la recuperación de la seguridad y sostuvo que las instituciones del Estado deben proporcionar a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y operadores de justicia las herramientas necesarias para enfrentar a las estructuras criminales.

“Este es el momento para que Honduras pueda recuperar la paz”, manifestó el titular del Legislativo, quien aseguró que desde el Congreso se respaldarán las acciones mediante legislación, herramientas y recursos presupuestarios.

Zambrano sostuvo que la respuesta contra la criminalidad deberá involucrar a las diferentes instituciones responsables de capturar, investigar y llevar ante los tribunales a los integrantes de estructuras delictivas.

“Hoy llegó la hora, aquí ya no es que vamos a ver; hoy es sí o sí que se tiene que recuperar la seguridad de Honduras”, expresó.

EXTORSIÓN, VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO

El presidente del Congreso señaló que las medidas buscan responder a problemas que afectan directamente la vida cotidiana de la población.

Entre ellos mencionó el temor de las mujeres a salir durante la noche, las restricciones que enfrentan las familias debido a la inseguridad y el impacto de la extorsión sobre pequeños negocios y el transporte.

“No podemos seguir en un país que cierra negocios por la extorsión, que tienen que cerrar buses, cerrar su pulpería, sus mercaditos”, manifestó.

También se refirió al desplazamiento forzado de familias que abandonan sus viviendas debido a amenazas y violencia.

Según Zambrano, Honduras no puede continuar en una situación donde una familia tenga que trasladarse de una colonia a otra, cambiar de ciudad o incluso abandonar el país por razones de seguridad.

MAYORES CONTROLES EN LAS CÁRCELES

Otro de los puntos planteados por el titular del Legislativo es endurecer la aplicación de las medidas relacionadas con los centros penitenciarios.

El objetivo, explicó, es impedir que desde las cárceles se continúen coordinando homicidios, extorsiones y otros delitos.

Las medidas planteadas contemplan mayores controles, vigilancia y supervisión sobre privados de libertad señalados de pertenecer a estructuras criminales, además de restricciones en sus comunicaciones y en el ingreso de dinero.

También se contempla el traslado de determinados reclusos a celdas de máxima seguridad, conforme a las disposiciones correspondientes.

“Ya no vamos a permitir que desde los centros penales estén cometiendo, ordenando delitos, muerte y extorsión”, afirmó.

CONGRESO PEDIRÁ RESULTADOS

Zambrano señaló que el papel del Congreso no terminará con la aprobación de normas y la asignación de recursos.

El Legislativo solicitará informes a las instituciones responsables de ejecutar las medidas para conocer los resultados obtenidos y determinar si son necesarios nuevos ajustes.

El planteamiento supone que las instituciones encargadas de seguridad y justicia deberán demostrar cómo están utilizando las herramientas y recursos asignados y cuáles son los resultados de las operaciones contra las estructuras criminales.

El desafío será trasladar las nuevas disposiciones y recursos a resultados concretos en las calles y dentro de los centros penitenciarios.

Las autoridades deberán determinar si el fortalecimiento de los operativos, los controles carcelarios y la coordinación entre las instituciones consiguen reducir delitos como la extorsión, los homicidios y el desplazamiento provocado por la violencia.

Para Zambrano, el momento de actuar es inmediato: “Llegó la hora, llegó el momento, ya no hay otro tiempo”.