Cinco exagentes de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) fueron declarados culpables de secuestrar a una mujer en San Pedro Sula, exigir L100 mil por su liberación y cometer agresiones sexuales en su contra.

La Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción emitió por unanimidad el fallo condenatorio el 24 de septiembre, después del juicio oral y público.

Los declarados culpables son Lester Nahún Uclés Andino, Osmín Orellana Paz, Dilmer Steven Fúnez Espinoza, Andy José Pérez Zelaya y Enrry Michael Cárcamo Molina.

Los hechos declarados probados establecen que el 21 de febrero de 2024 los entonces agentes llegaron a la residencial Santa Mónica, en San Pedro Sula, simulando realizar un operativo policial.

En ese lugar privaron de libertad a una mujer protegida como testigo y posteriormente la trasladaron en un vehículo tipo bus asignado a la Dipampco.

El caso adquiere especial gravedad porque los condenados utilizaron su condición de funcionarios y recursos de la institución policial para cometer el secuestro.

Mientras mantenían retenida a la víctima, los agentes contactaron a su padre y exigieron L100 mil a cambio de dejarla en libertad.

Durante el juicio quedó acreditada la entrega de L60 mil.

Los cinco fueron declarados culpables de secuestro agravado cometido por funcionario público.

El tribunal estableció además que durante el secuestro obligaron a la mujer a desnudarse y realizar actos de naturaleza sexual.

Estas acciones derivaron en la declaratoria de culpabilidad por otras agresiones sexuales.

Las investigaciones de la Unidad Nacional Antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones apuntan a que podrían existir otros casos.

Según las diligencias, los exagentes presuntamente contactaban a víctimas haciéndose pasar por conocidos y posteriormente las trasladaban utilizando vehículos institucionales.

En esos otros expedientes se investigan exigencias de entre L100 mil y L300 mil por concepto de rescate, además de amenazas de abuso sexual y de colocar drogas a las víctimas para posteriormente formular acusaciones falsas.

Estas conductas adicionales permanecen bajo investigación y no forman parte de los hechos que deben darse por probados únicamente a partir de esta sentencia.

Los cinco exagentes fueron capturados el 17 de abril de 2024 y continuarán bajo prisión preventiva mientras se determina la pena que deberá cumplir cada uno.

La audiencia de individualización de la pena concreta está programada para el 13 de octubre a la 1:30 de la tarde.

El tribunal también instó al Ministerio Público a profundizar las investigaciones ante la posibilidad de otros delitos y de que más personas hayan participado en los hechos.