La reforma eléctrica comenzará con una protección temporal para los consumidores: durante sus primeros seis meses, cualquier incremento que resulte de la revisión de la tarifa no llegará directamente a los recibos de los hogares y empresas.

Pero el aumento, si se produce, no desaparecerá. El gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, confirmó que será el Gobierno el encargado de absorber ese costo mediante subsidios.

“En este periodo no se traspasa un alza de la tarifa; la tarifa la va a absorber el Gobierno”, explicó.

La decisión coloca uno de los primeros desafíos de la reforma fuera del sistema eléctrico y directamente sobre las finanzas públicas.

EL USUARIO NO PAGARÁ EL ALZA, PERO EL ESTADO SÍ

El mecanismo funcionará como una barrera temporal entre una eventual revisión al alza de la tarifa y los consumidores.

Durante seis meses, cualquier incremento que corresponda será cubierto por el Gobierno.

La información proporcionada no establece cuánto podría costar ese subsidio, debido a que dependerá del comportamiento de la tarifa durante ese período.

Ese monto será clave para medir el verdadero costo fiscal de mantener congelado el precio que reciben los usuarios.

LA PREGUNTA ESTÁ EN EL SÉPTIMO MES

La protección tiene una duración definida: seis meses. Por eso, uno de los puntos que deberá aclararse durante la implementación es qué ocurrirá una vez concluido ese período y cómo se manejarán las revisiones tarifarias posteriores.

Peña Panting reconoció que financiar el mecanismo ha sido uno de los asuntos que más discusión ha generado alrededor de la reforma.

“Esto tenemos que asumirlo con total responsabilidad”, señaló.

El compromiso eléctrico llega mientras el Estado también destina recursos para amortiguar el impacto de los incrementos internacionales de los combustibles.

Esto significa que dos servicios esenciales —energía y combustibles— pueden demandar simultáneamente recursos públicos para evitar que los aumentos sean trasladados completamente a los consumidores.

La reforma eléctrica tendrá así una primera prueba antes incluso de mostrar sus resultados estructurales: determinar cuánto costará mantener estable la tarifa durante seis meses, cómo será financiado ese gasto y qué ocurrirá cuando termine el período de protección.