La Organización de los Estados Americanos (OEA) abrió una nueva etapa de presión diplomática sobre Nicaragua al aprobar una resolución que exige medidas inmediatas para restablecer libertades y garantías democráticas y, al mismo tiempo, establece un mecanismo ministerial encargado de buscar un diálogo directo con las autoridades nicaragüenses.

La resolución, denominada “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”, fue aprobada el 2 de octubre de 2026 durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Washington.

El documento expresa una “profunda preocupación” por lo que los cancilleres describen como un continuo desmantelamiento de la democracia representativa en Nicaragua y señala detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, desnacionalización, exilio forzoso, confiscaciones y restricciones contra medios independientes, organizaciones civiles y sectores privados.

PIDEN LIBERAR A PRESOS POLÍTICOS

Uno de los puntos centrales de la resolución es el llamado a las autoridades nicaragüenses para que adopten medidas “inmediatas, concretas y verificables”.

La OEA plantea restablecer el espacio cívico, poner fin a represalias y garantizar las libertades y derechos reconocidos por los instrumentos internacionales aplicables a Nicaragua.

También solicita la liberación incondicional de todos los presos políticos y que se informe sobre el paradero y estado de las personas desaparecidas forzosamente.

El documento pide, además, restaurar la nacionalidad y los derechos de las personas que fueron privadas arbitrariamente de ella, permitiendo su regreso voluntario y seguro sin temor a represalias.

ELECCIONES LIBRES Y RESTAURACIÓN DEL PLURALISMO

La resolución va más allá de la situación de los detenidos y plantea cambios relacionados con el funcionamiento institucional de Nicaragua.

Los cancilleres solicitan restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, además de permitir que medios independientes, organizaciones de la sociedad civil, universidades y entidades del sector privado disueltas puedan retomar sus actividades.

También reclaman restaurar la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes y el pluralismo político, incluyendo la revisión de disposiciones constitucionales y legales aprobadas especialmente durante 2025 y 2026 que, según la resolución, afectan esas garantías.

Otro de los puntos centrales es establecer condiciones para elecciones “libres, justas e inclusivas”, con una administración electoral independiente y observación internacional creíble.

OEA BUSCARÁ DIÁLOGO DIRECTO CON NICARAGUA

La resolución crea un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, de participación voluntaria y abierto a los Estados miembros representados por sus cancilleres o delegados.

Este mecanismo deberá comenzar sus trabajos dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la resolución y contará con apoyo técnico de la Secretaría General de la OEA.

Una de sus primeras tareas será intentar establecer un diálogo rápido y directo con las autoridades nicaragüenses y procurar una visita al país, de ser posible encabezada por ministros de Relaciones Exteriores.

El grupo también deberá conversar con sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales, incluyendo oposición, sociedad civil y comunidades nicaragüenses en el exilio.

RECOMENDACIONES EN UN PLAZO DE 60 DÍAS

El mecanismo no tendrá únicamente una función de diálogo. También deberá evaluar el cumplimiento de las medidas solicitadas a Nicaragua y presentar recomendaciones en un plazo máximo de 60 días.

Estas recomendaciones podrán contemplar acciones diplomáticas y jurídicas concretas, pero la resolución establece expresamente que no deberán implicar el uso de la fuerza.

La Reunión de Consulta permanecerá abierta y podrá ser convocada nuevamente dentro de los 90 días siguientes a la primera reunión del Grupo Ministerial, o antes si las circunstancias lo requieren.

HONDURAS DEJA UNA SALVEDAD

La resolución contiene una nota específica sobre la posición hondureña. Honduras acompañó uno de los apartados del documento conforme a su ordenamiento jurídico y sus obligaciones internacionales.

Sin embargo, dejó establecido que cualquier eventual recomendación o medida futura derivada de los mecanismos creados deberá ser considerada posteriormente por el Estado hondureño de acuerdo con los procedimientos y normas aplicables.

La nota precisa que el acompañamiento actual de Honduras no constituye una aceptación o respaldo anticipado de eventuales medidas futuras.

Con la resolución, la OEA establece un calendario concreto: el grupo ministerial deberá comenzar a trabajar en 30 días, formular recomendaciones en hasta 60 días y la Reunión de Consulta podrá volver a reunirse dentro de los 90 días posteriores al inicio del mecanismo.

El siguiente paso dependerá de la respuesta de las autoridades nicaragüenses y de las decisiones que adopten los Estados miembros durante esta nueva fase diplomática.