• Organización de derechos humanos solicita investigar posibles delitos de abuso de autoridad, abandono de funciones y violación de derechos humanos por la suspensión de consultas médicas.

Tegucigalpa, 12 de octubre de 2026. La suspensión de consultas y servicios en el sistema público de salud llegó al Ministerio Público mediante una denuncia presentada por un paciente que reclama la vulneración de sus derechos ante la falta de atención médica.

El Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos y la Democracia (OBLADHED) solicitó este lunes al fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, investigar posibles responsabilidades penales derivadas de la paralización de servicios médicos.

La petición respalda la denuncia presentada el pasado 29 de septiembre por Santos Augusto Funes, quien reclama la afectación de sus derechos como paciente del sistema sanitario público.

La organización advierte que las interrupciones, relacionadas con conflictos laborales y gremiales, afectan principalmente a las familias de escasos recursos que no pueden costear atención privada.

En el documento se solicita investigar posibles delitos de abuso de autoridad, abandono de funciones y violación de derechos humanos, así como determinar las responsabilidades individuales que correspondan.

El abogado Carlos Africo Madrid, director de OBLADHED, pidió al Ministerio Público dar seguimiento al caso y realizar las diligencias preliminares necesarias.

Según la comunicación, el denunciante acudió inicialmente al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), desde donde fue remitido al Ministerio Público. La denuncia permanece en análisis y no se ha confirmado el inicio de una investigación penal formal.

La solicitud fue recibida este 12 de octubre por la Secretaría General del Ministerio Público, en medio de las prolongadas asambleas médicas que continúan afectando la atención de pacientes en los establecimientos públicos de salud.