Congreso Nacional espera opinión de la CSJ para reformar códigos penales


El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que el Legislativo está a la espera de la opinión legal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para avanzar en la aprobación de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientadas a fortalecer la lucha contra las maras, pandillas y otros grupos criminales en Honduras.

Zambrano explicó que las propuestas buscan ampliar las herramientas de los operadores de justicia y modificar los procedimientos aplicables a personas acusadas de delitos vinculados con organizaciones declaradas terroristas.

El titular del Legislativo señaló que la opinión de la CSJ no es vinculante, pero forma parte del procedimiento que el Congreso busca cumplir antes de someter la reforma a aprobación. Añadió que espera recibirla durante la semana.

Ampliarían plazo para requerimientos

Uno de los cambios planteados consiste en ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar el requerimiento fiscal después de una captura en casos relacionados con terrorismo, según explicó Zambrano.

El argumento expuesto por el presidente del Congreso es que algunas investigaciones son complejas y requieren más tiempo para reunir los elementos necesarios antes de presentar el requerimiento.

Otra de las medidas propuestas contempla restringir beneficios penitenciarios para las personas condenadas por terrorismo. De acuerdo con Zambrano, la iniciativa busca que cumplan la totalidad de las penas y que no puedan acceder a mecanismos de libertad anticipada o preliberación.

Allanamientos inmediatos

La iniciativa también plantea permitir allanamientos inmediatos en lugares donde existan indicios de operaciones o presencia de grupos declarados terroristas, sin una orden judicial previa y con posterior convalidación ante los tribunales.

Zambrano sostuvo que el objetivo es evitar que las operaciones se frustren durante la espera de autorizaciones judiciales.

El planteamiento, según su explicación, contempla la coordinación entre la Policía, la Fiscalía y jueces ejecutores. Su aplicación dependerá del contenido final de la reforma y de las disposiciones legales que sean aprobadas.

Tatuajes podrían utilizarse como prueba en procesos

Otro de los puntos mencionados por Zambrano es el uso de tatuajes alusivos a organizaciones criminales como elemento probatorio en procesos por terrorismo.

El presidente del Congreso afirmó que los peritajes de especialistas en seguridad permitirían determinar si los tatuajes están vinculados con grupos como la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 u otras organizaciones declaradas terroristas.

La propuesta busca que esos elementos puedan utilizarse en los procesos judiciales. Su alcance y suficiencia probatoria dependerán de la redacción definitiva de la reforma y de su aplicación conforme a la ley.

Congreso busca utilizar fondos incautados en seguridad

Por separado, Zambrano anunció que el Congreso prevé avanzar con una reforma para utilizar recursos incautados en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, entre ellas la Policía Nacional, la Policía Militar, los organismos de inteligencia y la Agencia Nacional contra el Crimen.

La propuesta permitiría utilizar esos fondos incluso antes de que exista una sentencia firme de privación de dominio, con el aval de la Secretaría de Finanzas.

Según explicó, si una persona o empresa obtiene posteriormente una resolución judicial favorable, el Estado deberá reponer los recursos conforme a lo establecido en la ley.

Congreso espera aprobar las reformas en los próximos días

Zambrano indicó que el Legislativo tenía previsto sesionar el lunes y martes en Tegucigalpa y el miércoles en La Lica. Si la opinión de la Corte Suprema no llega a tiempo, afirmó que la reforma pendiente podría someterse a consideración en una sesión posterior.

El presidente del Congreso defendió las iniciativas como medidas para reforzar la seguridad ciudadana y aseguró que existe voluntad política para avanzar con los cambios.

Las propuestas aún requieren completar el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.


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