El Gobierno de Honduras advirtió que podría recurrir a los procedimientos legales correspondientes si persisten las asambleas informativas del Colegio Médico de Honduras (CMH) y las interrupciones en la atención sanitaria, en medio de un conflicto laboral que suma 39 días y mantiene afectados a pacientes de la red pública.

El viceministro de Trabajo, Daniel Discua, informó que las autoridades continuarán las gestiones hasta el viernes 16 de octubre para avanzar en la cancelación de salarios pendientes, mientras solicitó a los profesionales de la medicina normalizar los servicios.

El funcionario reconoció que existen médicos con remuneraciones atrasadas, pero cuestionó que otros profesionales que ya recibieron sus pagos continúen participando en las medidas gremiales.

GOBIERNO ASEGURA QUE EL 90 % DE LAS PLANILLAS ESTÁ AL DÍA

Discua explicó que el sistema sanitario cuenta con aproximadamente 6,900 médicos, de los cuales unos 5,300 tienen plazas permanentes y, según la información oficial, están al día con sus salarios y beneficios.

A ellos se suman alrededor de 1,600 profesionales contratados o interinos, de los cuales aproximadamente 1,000 ya habrían recibido sus pagos.

Con base en estas cifras, el viceministro sostuvo que cerca del 90 % de las planillas médicas está al día.

Sin embargo, el Colegio Médico ha denunciado que 829 profesionales contratados e interinos enfrentan retrasos salariales, algunos de hasta nueve meses.

La diferencia entre las cifras oficiales y las del gremio evidencia la necesidad de conciliar los registros para determinar cuántos trabajadores continúan sin recibir sus remuneraciones.

¿PUEDE EL GOBIERNO APLICAR SANCIONES?

El viceministro recordó que el derecho a huelga está reconocido en la Constitución de la República, pero su ejercicio debe ajustarse a las disposiciones legales, especialmente cuando involucra servicios públicos esenciales.

Explicó que la Secretaría de Trabajo no puede iniciar de oficio un procedimiento para determinar la legalidad o ilegalidad de una huelga, sino que debe intervenir a petición de parte y conforme a los mecanismos establecidos.

En el caso de las asambleas informativas, reconoció que existe una discusión jurídica porque el Colegio Médico sostiene que sus actividades no constituyen una huelga.

Discua señaló que, para determinar la naturaleza legal de las medidas, deben examinarse las circunstancias y los requisitos previstos en la legislación laboral.

También aclaró que cualquier procedimiento disciplinario, incluidas eventuales audiencias de descargo, corresponde a la Secretaría de Salud (Sesal), por su condición de empleador.

La Secretaría de Trabajo podría brindar acompañamiento si recibe una solicitud formal.

DAN PLAZO HASTA EL VIERNES PARA AVANZAR EN LOS PAGOS

El funcionario atribuyó parte de los retrasos salariales a dificultades administrativas, problemas con cuentas bancarias y revisiones de nombramientos efectuados por autoridades anteriores.

Aseguró que el Gobierno reconoce el derecho de los médicos a recibir sus salarios y que mantiene abiertas las conversaciones para resolver los expedientes pendientes.

Según Discua, las gestiones continuarán hasta el viernes, cuando se espera haber avanzado en la cancelación de las remuneraciones adeudadas.

No obstante, no confirmó que todos los pagos estarán completados para esa fecha.

El viceministro advirtió que, si continúan las interrupciones de servicios, las autoridades evaluarán las acciones que correspondan conforme a la legislación.

PACIENTES CONTINÚAN EN MEDIO DEL CONFLICTO

Discua sostuvo que las principales consecuencias de las asambleas recaen sobre los pacientes que necesitan consultas, tratamientos y otros servicios médicos.

Por ello, pidió a los dirigentes del Colegio Médico reflexionar sobre la continuidad de las medidas y buscar una salida mediante el diálogo.

El gremio, por su parte, ha insistido en que mantiene la atención de emergencias, pacientes hospitalizados y otros servicios esenciales, aunque persisten dificultades para acceder a determinadas consultas programadas.

La controversia continúa sin una solución definitiva, mientras ambas partes mantienen diferencias sobre los pagos pendientes y el alcance de las asambleas.

El viernes 16 de octubre será una fecha importante para evaluar los avances de las gestiones salariales y determinar si existen condiciones para reducir las medidas de presión.

Por ahora, no se ha anunciado una resolución formal que declare ilegales las asambleas ni la aplicación de sanciones contra los profesionales participantes.