El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó que se mantienen conversaciones con autoridades de El Salvador para organizar una visita oficial destinada a conocer el modelo de seguridad implementado por el Gobierno de Nayib Bukele, especialmente las medidas contra las maras, pandillas y otras estructuras del crimen organizado.

El titular del Poder Legislativo explicó que todavía esperan una respuesta de las autoridades salvadoreñas para definir la fecha del viaje, que podría incluir un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las principales instalaciones penitenciarias del país vecino.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Congreso hondureño por estudiar experiencias internacionales que puedan servir de referencia para futuras reformas en materia de seguridad y justicia penal.

¿QUÉ MEDIDAS BUSCA CONOCER HONDURAS?

Zambrano señaló que el Congreso Nacional ha estudiado experiencias de países como Chile, Colombia, Argentina, Estados Unidos y España, con el propósito de identificar mecanismos que puedan adaptarse a la legislación hondureña.

Entre los asuntos que se encuentran bajo análisis mencionó el tratamiento penitenciario de integrantes de estructuras criminales, la utilización de recursos para combatir la delincuencia organizada y las modificaciones a determinados procedimientos judiciales.

También se analizan propuestas relacionadas con la eliminación de la libertad condicional y la preliberación para determinados delitos, así como posibles cambios en los plazos para presentar requerimientos fiscales.

El presidente del Legislativo sostuvo que el objetivo es construir una estrategia integral contra las organizaciones criminales, tomando como referencia distintas experiencias internacionales.

Sin embargo, aclaró que las conversaciones con El Salvador todavía no tienen una fecha confirmada para la visita.

REFORMAS PENALES GENERAN DEBATE

Las propuestas legislativas relacionadas con el combate a las pandillas han generado discusión por sus posibles implicaciones para los derechos individuales y las garantías procesales.

Uno de los puntos más controvertidos es la incorporación de disposiciones relacionadas con tatuajes que representen símbolos asociados a organizaciones criminales.

Zambrano aclaró que las iniciativas no buscan penalizar los tatuajes artísticos ni las expresiones corporales en general.

«Los tatuajes artísticos, eso no tiene absolutamente nada que ver», manifestó.

Según explicó, las propuestas se refieren específicamente a símbolos alusivos a maras y pandillas.

No obstante, la formulación de estas disposiciones será determinante para evitar que una característica física sea utilizada como único elemento para atribuir pertenencia a una organización criminal.

EL MODELO SALVADOREÑO Y SUS CONTROVERSIAS

El Salvador ha impulsado una política de seguridad basada en el endurecimiento de las medidas contra las pandillas, el fortalecimiento del control penitenciario y la ampliación de las facultades estatales para enfrentar a las estructuras criminales.

El CECOT constituye uno de los principales componentes de esa estrategia.

Aunque el Gobierno salvadoreño atribuye a sus políticas una reducción significativa de la violencia homicida y de la actividad de las pandillas, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado las detenciones arbitrarias, las condiciones penitenciarias y las restricciones a las garantías judiciales.

Estas diferencias forman parte del debate sobre la posibilidad de trasladar medidas del modelo salvadoreño a otros países.

¿QUÉ PODRÍA CAMBIAR EN HONDURAS?

El acercamiento con El Salvador se produce mientras el Congreso Nacional analiza mecanismos para endurecer la respuesta penal frente a las maras y pandillas.

Sin embargo, conocer una experiencia extranjera no implica que sus disposiciones puedan incorporarse automáticamente a la legislación hondureña.

Cualquier reforma deberá considerar la Constitución de la República, las garantías del debido proceso y los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por Honduras.

Además, será necesario determinar cuáles medidas podrían contribuir efectivamente a reducir la criminalidad y cuáles requerirían mayores recursos para su aplicación.