** Se prevé inyección de capital mixto para expansión de líneas y energía limpia bajo nueva ley

** Inversión extranjera se orientará de forma prioritaria al codesarrollo de generación a gran escala y tecnologías de almacenamiento

** Meta gubernamental de mediano plazo es diversificar y robustecer la matriz energética nacional

El rescate financiero y operativo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha entrado en una fase decisiva tras la reciente sanción y publicación en el diario oficial La Gaceta de la Ley de Justicia Energética.

La normativa, impulsada bajo la gestión del presidente Nasry Asfura, establece el marco jurídico para reestructurar la estatal eléctrica sin recurrir a su privatización, dividiendo sus funciones en subsidiarias específicas de Generación, Transmisión y Distribución.

Para estabilizar las finanzas públicas y modernizar la infraestructura energética del país, el plan gubernamental proyecta una fuerte inyección de capital mixto (nacional y extranjero) orientado principalmente a la expansión de líneas de transmisión y proyectos de energía limpia.

                                                    NUEVO MARCO LEGAL

La aprobación de la Ley de Justicia Energética, a finales de agosto y su posterior vigencia en octubre de 2026, modificó las reglas del subsector eléctrico hondureño.

El núcleo de la reforma plantea una reorganización interna profunda. La ENEE dejará de operar como un único bloque integrado para subdividirse en unidades especializadas. De acuerdo con el texto aprobado por el Congreso Nacional, este modelo busca volver más eficientes los costos y transparentes las pérdidas operativas.

Las autoridades del Gabinete Energético han enfatizado que la fragmentación estructural no equivale a una venta de activos públicos.

La normativa garantiza de forma explícita que cualquier modificación sustancial en la composición accionaria de las nuevas subsidiarias requerirá la aprobación rigurosa del Poder Legislativo, blindando de este modo la propiedad del Estado sobre el patrimonio de la empresa.

Además, como medida de alivio directo para el consumidor, el decreto fijó una veda de incrementos tarifarios por un período inicial de seis meses.}

                              ESTABILIDAD FISCAL Y REGLAS CLARAS

El impacto macroeconómico de la estatal eléctrica representa uno de los mayores desafíos para el gobierno.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, puntualizó que la ENEE arrastraba un déficit mensual cercano a los 1,300 millones de lempiras, constituyendo una de las cargas más pesadas para el erario público.

«Vemos con muy buenos ojos la sanción de esta ley por parte del Ejecutivo. Con este paso no solo aportamos ordenamiento al sistema interno, sino que mandamos un mensaje contundente de gobernanza y seriedad a los organismos multilaterales de crédito», afirmó el titular de Finanzas durante una comparecencia en Casa Presidencial.

Hernández Hércules añadió que, bajo la directriz del presidente Asfura, la Secretaría de Finanzas respaldará presupuestariamente tanto a la ENEE como a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) para viabilizar las inversiones urgentes en infraestructura, priorizando el tendido de nuevas líneas de transmisión necesarias para elevar la calidad del fluido eléctrico.

Por su parte, el gerente general de la ENEE, el economista Guillermo Peña Panting, defendió la urgencia de aplicar la reforma operativa frente a las presiones del mercado.

El funcionario, quien cuenta con experiencia previa al frente del Operador del Sistema (ODS), remarcó que el texto definitivo de la ley disipa cualquier incertidumbre sobre una privatización encubierta.

«La reforma despeja el camino para desarrollar licitaciones públicas transparentes de corto y largo plazo. No venimos a vender los activos del Estado; venimos a ordenar la operación, reducir la deuda acumulada y construir un mercado competitivo con reglas claras que atraigan inversión real», señaló Peña Panting.

El gerente explicó que ya se estructuró un comité de transición conjunta con la CREE para ejecutar la división de funciones operativas en los plazos previstos, sin interrumpir los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución.

                                      INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA

Uno de los pilares de la Ley de Justicia Energética es la creación de condiciones de transparencia y libre competencia para el capital privado. Debido a que la ENEE posee un margen limitado para la apertura de nuevos créditos internacionales por sí sola, el modelo de rescate depende de generar certidumbre jurídica en el ecosistema financiero.

La inversión extranjera se orientará de forma prioritaria al codesarrollo de generación a gran escala y la introducción de tecnologías de almacenamiento. La definición de reglas estables busca atraer a desarrolladores globales interesados en subastas de compra de energía a largo plazo.

En cuanto a la inversión nacional, el sector empresarial local y la banca comercial hondureña jugarán un rol clave en el financiamiento de proyectos complementarios de energía renovable, contratos de suministro industrial y en la proveeduría de servicios técnicos para las áreas de transmisión y distribución regional.

La meta gubernamental de mediano plazo es diversificar y robustecer la matriz energética nacional, la cual históricamente ha dependido de una combinación de combustibles fósiles (cercana al 44 por ciento) e hidroeléctrica (26%), complementada por energía solar, biomasa y eólica.

El plan apunta a potenciar la infraestructura existente y añadir capacidad mediante proyectos limpios estratégicos para reducir la volatilidad de los costos de generación.

Expertos independientes en materia energética coinciden en que el verdadero éxito de la ley se medirá en la reducción efectiva de las pérdidas técnicas y no técnicas (hurtos y fallas de red), las cuales representan el principal agujero negro financiero de la estatal.