La destrucción de un expediente judicial impidió durante años que avanzara el proceso contra Marco Antonio Ávila Castellanos, vinculado al secuestro del hijo del expresidente Ricardo Maduro, ocurrido en 1997. Casi tres décadas después, el caso se aproxima a la etapa de sentencia.

El portavoz del Poder Judicial en la zona norte, Ruy Gabriel Barahona, explicó que el expediente fue destruido en la Penitenciaría Central, lo que dificultó la continuidad del proceso.

Ávila Castellanos recibió auto de prisión el 12 de septiembre de 1997 y su causa pasó a la etapa de plenario el 25 de noviembre del mismo año.

Sin embargo, el procedimiento quedó pendiente mientras no se reconstruyera la documentación judicial.

ACUSADO NO SE HABÍA FUGADO

Barahona aclaró que Ávila Castellanos salió en libertad mediante una resolución relacionada con otro delito y que su situación no correspondía a una fuga.

En 2004, una jueza identificó que existía un auto de prisión pendiente contra el imputado y emitió una orden de captura el 1 de junio de ese año.

La ausencia del expediente completo había dificultado el seguimiento de la causa.

JUEZA SE PREPARA PARA EMITIR SENTENCIA

Tras la reconstrucción del expediente, una jueza ordenó notificar al Ministerio Público, al acusador privado y a la defensa para que presenten sus conclusiones.

Cada parte dispondrá de seis días para cumplir ese procedimiento.

Una vez concluida esta etapa, la jueza podrá dictar sentencia y determinar si Ávila Castellanos es culpable o debe ser absuelto.

El caso evidencia cómo la pérdida de documentación judicial puede retrasar durante décadas la resolución de un proceso penal. Hasta que exista una sentencia, el acusado conserva su presunción de inocencia.