La libertad de prensa y expresión en Honduras enfrenta un panorama sumamente adverso debido a una constante ola de amenazas, agresiones, hostigamientos, violencia digital e impunidad, según denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En su más reciente Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas 2025, el país fue ubicado en la posición número 16 de 23 naciones evaluadas.

Con una calificación de apenas 35.64 puntos sobre 100 posibles, la organización internacional mantuvo a Honduras dentro de la preocupante categoría de “alta restricción”, una condición en la que permanece estancada desde el año 2023.

La medición realizada por el gremio continental, que reúne a editores de medios y vigila el cumplimiento de las libertades informativas en la región, abarcó el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025.

El Informe de Chapultepec vinculó de forma directa el deterioro del entorno democrático hondureño con el inicio de la administración de la expresidenta Xiomara Castro, sumado a la persistente crisis política en el Congreso Nacional.

El documento subraya que el pasado proceso electoral estuvo fuertemente marcado por discursos estigmatizantes y ataques frontales hacia los comunicadores sociales.

                                                      50 ALERTAS DE AGRESIONES

Como reflejo de esta hostilidad, el Comité para la Libertad de Expresión (C-Libre) documentó un total de 50 alertas de agresiones con claras motivaciones políticas durante el periodo evaluado.

El reporte de la SIP destaca que, de acuerdo con los registros de dicha organización local, los actores estatales y políticos figuraron entre los principales presuntos responsables de vulnerar la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación.

Uno de los hechos más críticos destacados en el informe es el proceso judicial contra el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández, por presuntos delitos vinculados con ataques a la libertad de prensa.

La investigación de la Fiscalía General se originó a raíz de las denuncias presentadas por los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra, Dagoberto Rodríguez y José Adán López, quienes acusaron al exjerarca militar de dirigir una campaña de desinformación a través de los medios oficiales de la institución castrense.

Los fiscales centraron sus indagaciones en la publicación titulada “Sicarios de la verdad”, difundida el 26 de mayo de 2025 por el órgano de comunicación oficial de las Fuerzas Armadas.

A pesar de que el general Hernández rechazó las acusaciones argumentando que el ente militar actuaba bajo el amparo de su propia libertad de expresión, el Ministerio Público determinó que los señalamientos del uniformado contribuyeron a criminalizar la labor informativa.

Finalmente, la SIP detalló que el pasado 1 de septiembre una jueza dictó auto de formal procesamiento contra el exjefe militar, imponiéndole medidas sustitutivas a la prisión preventiva mientras continúa el caso.