Tegucigalpa, Honduras.— El general en condición de retiro Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, figura en el informe sobre Honduras presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), debido al proceso judicial que enfrenta por presuntos ataques contra periodistas.

El documento, divulgado durante la 82.ª Asamblea General de la SIP, celebrada en Bogotá, Colombia, advierte sobre las dificultades que enfrentan los comunicadores hondureños para ejercer su profesión, especialmente cuando investigan asuntos relacionados con corrupción, narcotráfico y crimen organizado.

Entre las principales preocupaciones del organismo se encuentran las amenazas, las campañas de desacreditación, el hostigamiento y la falta de justicia en los casos de violencia contra trabajadores de medios de comunicación.

El informe recoge el proceso iniciado por el Ministerio Público contra Hernández, a raíz de publicaciones difundidas en plataformas institucionales de las Fuerzas Armadas durante 2025.

Uno de los contenidos investigados fue titulado Sicarios de la verdad, publicado el 26 de mayo de ese año.

Según las denuncias, estos mensajes habrían sido utilizados para desacreditar y estigmatizar públicamente a periodistas.

Los comunicadores Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra, Dagoberto Rodríguez y José Adán López denunciaron los hechos ante las autoridades.

La Fiscalía considera que las publicaciones y otros señalamientos podrían constituir ataques contra el ejercicio de la libertad de prensa.

Por su parte, Hernández ha rechazado las acusaciones y sostiene que las expresiones cuestionadas estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

CASO DE ROOSEVELT HERNÁNDEZ CONTINÚA EN LOS TRIBUNALES

El 1 de septiembre de 2026, una jueza dictó auto de formal procesamiento contra el exjefe militar y le impuso medidas distintas a la prisión preventiva.

La defensa presentó una apelación y solicitó el sobreseimiento definitivo.

Según el informe de la SIP, el expediente permanecía pendiente de una resolución de la Corte de Apelaciones.

Además, el 15 de octubre, dos organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron un escrito de amicus curiae para solicitar una decisión oportuna y el respeto de las garantías procesales.

El señalamiento de Hernández en el informe internacional no constituye una sentencia condenatoria. Su responsabilidad penal deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.

La SIP también incorporó datos del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que documentó 60 agresiones relacionadas con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública entre enero y junio de 2026.

Los incidentes estuvieron vinculados con conflictos territoriales, protestas sociales, denuncias de corrupción y actuaciones de instituciones estatales.

Asimismo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recibió durante 2025 un total de 208 quejas por presuntas vulneraciones a las libertades de pensamiento y expresión.

El organismo regional advirtió que las amenazas y los actos de intimidación han provocado situaciones de riesgo para periodistas, incluyendo casos de desplazamiento forzado.

EL 88 % DE LAS MUERTES VIOLENTAS PERMANECE IMPUNE

Otro de los datos que destaca el informe es la falta de esclarecimiento de los asesinatos de personas vinculadas con medios de comunicación.

De acuerdo con cifras del Conadeh, entre 2001 y 2026 se registraron 103 muertes violentas de periodistas y trabajadores de medios en Honduras.

De estos casos, el 88 % permanece impune, mientras que únicamente el 12 % ha concluido con sentencias condenatorias.

La SIP considera que la impunidad constituye uno de los principales obstáculos para garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.

El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas 2025 ubicó a Honduras en la posición 16 de 23 países evaluados.

El país obtuvo 35.64 puntos de un máximo de 100 y permaneció en la categoría de alta restricción, clasificación en la que se encuentra desde 2023.

La evaluación corresponde al período comprendido entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.

El informe también recoge preocupaciones sobre ataques digitales contra medios independientes y disposiciones legales que, según organizaciones defensoras de la libertad de expresión, podrían afectar la privacidad y la protección de las fuentes periodísticas.

SIP PIDE GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO

Ante este panorama, la Sociedad Interamericana de Prensa instó a fortalecer las investigaciones de agresiones contra comunicadores y evitar acciones que puedan utilizarse para intimidar o desacreditar a los medios.

También reiteró la importancia de proteger las fuentes informativas, garantizar el acceso a la información pública y asegurar que las autoridades respeten la independencia del periodismo.

El informe plantea un desafío para Honduras: reducir la impunidad, garantizar investigaciones imparciales y evitar que las diferencias entre funcionarios y periodistas se conviertan en amenazas contra la libertad de expresión.