La Comisión Técnica Liquidadora informó que las presuntas irregularidades identificadas en seis instituciones de la administración anterior podrían representar un perjuicio económico de 1,131 millones de lempiras, cifra que todavía está sujeta a investigación.

El coordinador de la comisión, Ángel Mendoza, explicó durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial que se remitieron diez líneas de investigación al Ministerio Público y documentación al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

TRANSFERENCIAS Y CONTRATOS BAJO INVESTIGACIÓN

Entre los principales hallazgos figuran transferencias superiores a 230 millones de lempiras destinadas a cajas rurales de ahorro y crédito, cuyos registros de liquidación presentan inconsistencias.

También se identificaron más de 10,000 bienes adquiridos por la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) sin documentación que permita confirmar su entrega.

La comisión cuestionó, además, pagos anticipados relacionados con 110 contratos de obras, sin que se haya comprobado la ejecución completa de todos los proyectos.

Otro expediente corresponde a transferencias cercanas a 60 millones de lempiras a una organización no gubernamental cuya dirección registrada presentó inconsistencias.

REVISAN AYUDAS A MIGRANTES RETORNADOS

Los comisionados también detectaron diferencias entre los registros oficiales de hondureños retornados y la cantidad de beneficios reportados por un programa de asistencia.

Las autoridades deberán determinar si existieron pagos injustificados, incumplimientos contractuales o responsabilidades administrativas y penales.

LIQUIDACIÓN AVANZA EN UN 90 %

Mendoza informó que el cierre de las instituciones registra un avance del 90 %.

Por su parte, el comisionado Mario Celín Simón señaló que las entidades examinadas administraron alrededor de 27,000 millones de lempiras durante los cuatro años anteriores.

La comisión espera concluir el cierre de Convivienda a mediados de noviembre, mientras Sedecoas, Red Solidaria y Proasol continuarían sus procesos hasta diciembre.

Los funcionarios aclararon que corresponde al Ministerio Público y al TSC establecer si las irregularidades denunciadas constituyen delitos y determinar las responsabilidades correspondientes.