La justicia hondureña notificó este lunes el sobreseimiento definitivo a cuatro ciudadanos acusados de actos preparatorios punibles y asociación terrorista por supuestas amenazas contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales, presuntamente realizadas mediante conversaciones en WhatsApp.

Los beneficiados con la resolución son Arcadio Corrales, Perfecto Enamorado, David Kattán y Gerardo Galeano, quienes enfrentaron un proceso penal que incluyó varios meses de prisión.

La decisión fue adoptada por la Corte de Apelaciones, que revocó los autos de formal procesamiento después de examinar los recursos presentados por la defensa.

NO SE ACREDITÓ EL DELITO DE TERRORISMO

La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, confirmó que los cuatro ciudadanos recibieron oficialmente la notificación de la resolución judicial.

Según explicó, el tribunal determinó que no se acreditaron los elementos probatorios necesarios para configurar el delito de terrorismo atribuido a los procesados.

En consecuencia, la Corte de Apelaciones ordenó dictar el sobreseimiento definitivo, con lo que se pone fin a la causa penal contra los cuatro ciudadanos.

ACUSACIÓN SURGIÓ DE CONVERSACIONES EN WHATSAPP

El expediente se originó a partir de supuestos mensajes intercambiados en un grupo de WhatsApp, que fueron interpretados como amenazas contra la vida del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

A raíz de esas conversaciones, el Ministerio Público impulsó acciones penales por actos preparatorios punibles y asociación terrorista.

Durante el desarrollo del proceso, los imputados permanecieron varios meses privados de libertad mientras sus abogados cuestionaban los fundamentos de la acusación.

CORTE DE APELACIONES REVOCA PROCESAMIENTO

La defensa había obtenido previamente resoluciones individuales de revocación del auto de formal procesamiento.

Con la notificación oficial de este lunes, quedó comunicada la decisión de sobreseimiento definitivo a los cuatro ciudadanos.

La resolución representa el cierre judicial del caso, según informó la portavoz del Poder Judicial, después de que el tribunal de alzada concluyera que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación penal.