**Baja productividad, falta de transparencia y disputas legales marcaron el Congreso de Redondo.

** Solo 147 días de sesiones y un despilfarro de L5,942 millones ejecutados en cuatro años.

Por: CONTEXTOHN |

La gestión de Luis Redondo al frente del Congreso Nacional de Honduras, entre 2022 y enero de 2026, estuvo marcada por controversias sobre la legalidad de decisiones legislativas, conflictos entre bancadas, procedimientos de votación, ilegalidades y el funcionamiento institucional.

Organizaciones de sociedad civil señalaron una baja productividad legislativa, gastos millonarios, deficiencias en la rendición de cuentas y escasos avances en reformas prioritarias para el país.

Entre los episodios más controvertidos destacaron la designación de autoridades interinas del Ministerio Público mediante la Comisión Permanente, el estancamiento de iniciativas anticorrupción y las disputas sobre las facultades constitucionales del Congreso.

Redondo concluyó su mandato con reformas pendientes, cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y decisiones institucionales que continuaron generando debates políticos y jurídicos.

El balance de estos cuatro años va más allá de las confrontaciones partidarias. Las cifras de productividad, los recursos ejecutados y los resultados legislativos plantean una pregunta fundamental: ¿qué recibió Honduras a cambio del funcionamiento de su cuestionada presidencia en el Congreso Nacional?

Estos son los principales episodios que deben considerarse en un balance de su presidencia.

PROBLEMAS DOCUMENTADOS

Entre los principales problemas de Redondo se encuentran los cuestionamientos sobre su elección como presidente del Congreso en 2022. La legislatura comenzó con dos juntas directivas enfrentadas: una encabezada por Jorge Cálix y otra por Luis Redondo. La controversia generó dudas jurídicas sobre la integración del Legislativo hasta que un acuerdo político permitió superar el conflicto.

Asimismo, los prolongados períodos sin sesiones legislativas. Según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Congreso sesionó apenas 147 días durante cuatro años, equivalentes al 35 % de las jornadas previstas por la Ley Orgánica, conforme a la metodología de la organización.

Millonarios gastos frente a una baja actividad parlamentaria. La ASJ reportó que entre enero de 2022 y septiembre de 2025 el Legislativo ejecutó L5,942 millones, incluyendo más de L1,724 millones en salarios y al menos L627 millones en viáticos. Son gastos institucionales, no montos atribuidos personalmente a Redondo.

La falta de transparencia en el manejo presupuestario. Un informe de la ASJ cuestionó la falta de información suficiente para verificar el destino de aproximadamente L824 millones en compras y contrataciones durante 2022-2024. Esto representa una observación sobre rendición de cuentas, no una determinación judicial de desvío de fondos.

Además el nombramiento controvertido de fiscales interinos. La Comisión Permanente designó a Johel Zelaya como fiscal general interino y a Mario Morazán como fiscal adjunto interino. La oposición cuestionó que esa decisión correspondiera al pleno del Congreso y no a una comisión reducida.

El estancamiento de iniciativas anticorrupción. Durante su gestión quedaron pendientes reformas relacionadas con la Ley de Colaboración Eficaz y las condiciones legislativas para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

Otro tema fue el uso cuestionado de subvenciones legislativas. La ASJ reportó más de L785 millones ejecutados mediante subvenciones entre 2022 y 2025 y advirtió sobre riesgos de discrecionalidad, clientelismo y controles insuficientes.

En cuento a los proyectos legislativos, hubo pendientes al finalizar su mandato. El Congreso concluyó su período sin aprobar el Presupuesto General de 2026 y dejó sin resolver numerosas propuestas sobre materia penal, anticorrupción y reformas electorales.

Sobre todo, el intento de intervenir en los resultados electorales de 2025. En enero de 2026, el Congreso bajo la conducción de Redondo impulsó un decreto relacionado con el recuento electoral pese a que el Consejo Nacional Electoral ya había emitido su declaratoria. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) cuestionó su constitucionalidad y denunció una invasión de competencias electorales.

¿POR QUÉ LOS ACUSA LA FISCALÍA?

El Ministerio Público presentó el 15 de octubre de 2026 un requerimiento fiscal contra Luis Redondo, 12 integrantes de la antigua Comisión Permanente del Congreso Nacional y un exfuncionario de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).

La investigación comprende la presunta conformación irregular de la Comisión Permanente, la falta de convocatoria a sesiones ordinarias y actuaciones relacionadas con el proceso electoral de 2025.

También se investigan decisiones sobre la publicación de documentos oficiales y la aprobación del decreto 58-2025, vinculado con el recuento de votos.

Entre las personas señaladas en la investigación figuran los exdiputados Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire, quienes ya no forman parte del Congreso Nacional.

La diligencia también incluye a los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.

En el proceso también aparece Edis Moncada Eriguere, exdirector de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA).