**La falta de información sobre terrenos eleva costos y retrasa proyectos habitacionales, agrícolas, ganaderos, agroindustriales y de infraestructura.

**Karim Qubain pidió fortalecer la seguridad jurídica y agilizar trámites para atraer inversiones.

**Cohep alerta que las invasiones de tierra ya afectan 66 mil manzanas en Honduras.

Por: Misael Colindres |

La falta de información catastral consolidada sobre las tierras ejidales rurales en Honduras constituye un obstáculo para el desarrollo productivo, al dificultar la identificación de terrenos, la verificación de sus antecedentes legales y la planificación de inversiones que requieren certeza sobre la propiedad.

El Instituto Nacional Agrario (INA) reconoció oficialmente que carece de un inventario nacional digitalizado de estos terrenos, cuya información permanece dispersa en expedientes físicos, mapas, planos y títulos históricos acumulados durante décadas.

La situación fue confirmada por el jefe del Departamento de Catastro Agrario del INA, Eliud Salatiel Osorio Matute, luego de una solicitud presentada por CONTEXTOHN.

El reconocimiento institucional evidencia una debilidad en la administración de la información territorial que puede repercutir en la inversión agrícola, el acceso al financiamiento y la ejecución de proyectos productivos.

Aunque la falta de un inventario digital no significa necesariamente que los terrenos carezcan de títulos legales, sí dificulta disponer de información completa y accesible para verificar su situación.

INCERTIDUMBRE LIMITA INVERSIONES

La seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra es un elemento fundamental para desarrollar proyectos agrícolas, ganaderos, agroindustriales y de infraestructura.

Antes de invertir, los empresarios y productores necesitan conocer la ubicación, extensión, antecedentes registrales y posibles controversias relacionadas con los terrenos. Cuando esta información no se encuentra centralizada, los procesos de verificación pueden requerir más tiempo, recursos y gestiones ante diferentes instituciones.

Esta situación puede incrementar los costos de preparación de proyectos y retrasar decisiones de inversión, especialmente en actividades que necesitan grandes extensiones de tierra.

También puede representar dificultades para pequeños y medianos productores que buscan formalizar sus propiedades o utilizar terrenos legalmente acreditados como respaldo para solicitar financiamiento.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, considera que el país debe fortalecer las condiciones y garantías para atraer capital extranjero y fomentar el crecimiento de las empresas.

Asimismo, señaló que contar con reglas claras y seguridad jurídica es indispensable para generar confianza entre los inversionistas, impulsar nuevos proyectos y ampliar las oportunidades de empleo en Honduras.

“El inversionista necesita también facilidad en la tramitología. El gobierno ha trabajado mucho sobre temas como aduanas, protección, muchos temas que están mejorando, pero hay todavía asuntos pendientes para mejorar”, indicó.

Qubain destacó mejoras en determinados procesos administrativos, pero advirtió que persisten dificultades que deben superarse para impulsar la inversión.

NO EXISTE UN INVENTARIO DIGITAL NACIONAL

El Departamento de Catastro Agrario confirmó que no dispone de una base de datos automatizada que permita identificar de manera consolidada la totalidad de las tierras ejidales rurales de Honduras.

La información se encuentra almacenada en expedientes físicos, mapas finales, hojas topográficas y documentos históricos. Esta dispersión impide obtener de forma inmediata un listado nacional que integre superficies, ubicaciones y polígonos geográficos de los terrenos.

La institución también reconoció que esta problemática ha sido expuesta en informes remitidos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

El documento no precisa cuántas hectáreas de tierras ejidales rurales existen en el país ni qué porcentaje de la información histórica ha sido digitalizado.

TRÁMITES INDIVIDUALES COMPLICAN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Ante la inexistencia de un inventario automatizado, el INA explicó que las investigaciones catastrales deben realizarse sobre terrenos previamente identificados.

Para iniciar una revisión, los interesados necesitan proporcionar datos específicos como municipio, aldea, nombre del sitio, coordenadas o delimitación geográfica. Posteriormente, los técnicos deben revisar documentos históricos, antecedentes jurídicos y mapas disponibles.

Dependiendo del caso, también deben realizar inspecciones de campo, levantamientos geodésicos y verificaciones de colindancias.

Este procedimiento permite investigar la situación de un predio determinado, pero limita la posibilidad de obtener rápidamente información territorial consolidada para planificar proyectos de mayor alcance.

La disponibilidad de registros completos y actualizados facilitaría la identificación de áreas con potencial agrícola, la planificación de infraestructura y la evaluación preliminar de terrenos destinados a inversiones productivas.

CONFLICTOS DE TIERRAS Y SEGURIDAD JURÍDICA

La falta de información catastral centralizada también plantea desafíos para identificar posibles traslapes, controversias sobre límites y diferencias entre antecedentes históricos y registros actuales.

En Honduras, donde existen disputas relacionadas con la tenencia y ocupación de tierras, disponer de información territorial verificable resulta relevante para prevenir conflictos y facilitar su resolución.

Un inversionista que desconoce si un terreno presenta controversias legales puede enfrentar mayores riesgos al comprometer recursos en proyectos de largo plazo.

De igual manera, los productores necesitan certeza sobre sus derechos para realizar inversiones en sistemas de riego, infraestructura agrícola, maquinaria y mejoras permanentes.

No obstante, es importante distinguir entre la falta de un inventario digital dentro del INA y la inexistencia de derechos de propiedad. El documento oficial no demuestra que todas las tierras ejidales rurales presenten irregularidades jurídicas.

Cabe recordar que, según declaraciones del asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Olvin Mondragón, el pasado 8 de febrero de 2026, existen más de 66 mil manzanas de tierra que están invadidas en los departamentos de Yoro, Cortés, Atlántida, Colón, Choluteca, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán.

RESPONSABILIDADES DIVIDIDAS ENTRE INA Y MUNICIPALIDADES

El informe establece que el INA tiene competencias técnicas y legales en los procesos de titulación, regularización y ordenamiento de tierras ejidales rurales.

Estas funciones se ejercen en coordinación con las corporaciones municipales, responsables de determinados aspectos fiscales y del dominio ejidal primario.

Esta distribución de atribuciones requiere mecanismos de coordinación para mantener información coherente sobre la situación de los terrenos.

La falta de integración de registros puede complicar la consulta de antecedentes y la planificación de políticas públicas vinculadas con el aprovechamiento productivo de la tierra.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DISPONE DE HERRAMIENTAS DIGITALES

El INA indicó que el Instituto de la Propiedad (IP) es el organismo que administra información catastral y plataformas de datos espaciales del Estado.

Entre estas herramientas figuran el Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP) y el Sistema Unificado de Registros (SURE).

Ambas plataformas permiten acceder a información cartográfica, parcelas y registros digitalizados de propiedades georreferenciadas.

Sin embargo, la respuesta oficial no establece si estos sistemas contienen información completa y actualizada de todas las tierras ejidales rurales.

Por tanto, la existencia de plataformas digitales en otras instituciones no resuelve necesariamente la falta de un inventario consolidado dentro del INA.

SIN PLAZOS PARA MODERNIZAR REGISTROS AGRARIOS

Otro aspecto relevante es que la respuesta institucional no establece un calendario para digitalizar los expedientes históricos ni para desarrollar un inventario nacional automatizado.

Tampoco identifica el presupuesto necesario para modernizar el sistema o los mecanismos de coordinación previstos con otras instituciones.

Esta ausencia de información deja pendiente conocer qué medidas adoptará el Estado para facilitar el acceso a datos confiables sobre las tierras ejidales rurales.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO PARA LA ECONOMÍA HONDUREÑA?

La tierra constituye uno de los principales recursos para el desarrollo agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial de Honduras.

Su aprovechamiento productivo requiere no solamente infraestructura, financiamiento y acceso a mercados, sino también información confiable sobre la situación jurídica de los terrenos.

La modernización de los registros catastrales podría contribuir a reducir tiempos de verificación, facilitar procesos de regularización y mejorar las condiciones para planificar inversiones.

También permitiría a las autoridades contar con mejores herramientas para identificar áreas productivas, prevenir controversias y diseñar políticas de desarrollo territorial.