Tegucigalpa, Honduras. El diputado nacionalista Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional, manifestó que harán caso omiso al pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las recientes reformas penales aprobadas en Honduras, que buscan endurecer las medidas contra las maras, pandillas y otras organizaciones criminales.

– La posición del parlamentario surge después de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtiera que las modificaciones legales podrían vulnerar derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad personal.

Las declaraciones de Bertrand reflejan las diferencias entre sectores del Congreso Nacional y el organismo internacional respecto a los mecanismos que deben utilizarse para combatir el crimen organizado.

El legislador ha defendido el endurecimiento de las disposiciones penales al considerar que Honduras necesita herramientas más contundentes para enfrentar a las estructuras responsables de extorsiones, homicidios y otros delitos.

ONU ADVIERTE SOBRE RIESGOS DE ABUSOS

El pronunciamiento de Naciones Unidas, divulgado el jueves 12 de noviembre, cuestiona disposiciones contenidas en los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026.

Entre las principales preocupaciones figura la posibilidad de utilizar tatuajes vinculados con organizaciones criminales como elementos para acreditar el delito de asociación terrorista.

La OACNUDH sostiene que las detenciones y responsabilidades penales no deben fundamentarse exclusivamente, o de manera predominante, en características físicas, apariencia personal o tatuajes.

También cuestionó la ampliación a 48 horas del período de detención sin comparecencia inmediata ante una autoridad judicial, así como la imposición obligatoria de prisión preventiva en centros de máxima seguridad sin una evaluación individualizada.

El organismo considera que estas medidas podrían aumentar el riesgo de detenciones arbitrarias, malos tratos y restricciones desproporcionadas a las garantías constitucionales. www.laprensa.hn+1

BERTRAND DEFIENDE COMBATE CONTRA LAS PANDILLAS

El presidente de la Comisión de Defensa ha insistido en que las reformas buscan impedir que las organizaciones criminales continúen operando con impunidad.

En declaraciones anteriores, Bertrand afirmó que el Congreso Nacional exigirá informes trimestrales a los operadores de seguridad y justicia para evaluar los resultados de las nuevas disposiciones.

El diputado también ha defendido la necesidad de fortalecer el presupuesto destinado a combatir las estructuras delictivas y ha señalado que la estrategia requiere coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

A su criterio, las autoridades deben priorizar la protección de las víctimas y de las comunidades afectadas por la violencia. www.laprensa.hn+1

ZAMBRANO PLANTEA ANALIZAR LAS RECOMENDACIONES

La postura de Bertrand contrasta con la expresada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien aseguró que el Poder Legislativo analizará las observaciones de Naciones Unidas.

Zambrano manifestó que acogerán aquellas recomendaciones que contribuyan a combatir el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia común, aunque defendió que las reformas respetan el debido proceso y los derechos humanos.

El titular del Legislativo también señaló que la prioridad del Gobierno y del Congreso es recuperar la tranquilidad de las comunidades afectadas durante años por las actividades de las organizaciones criminales. Proceso Digital+1

REFORMAS ABREN DEBATE SOBRE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

La controversia se produce mientras las autoridades hondureñas desarrollan operativos para capturar a presuntos integrantes de organizaciones criminales, utilizando las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional.

La OACNUDH ha recomendado revisar la legislación para garantizar su compatibilidad con los compromisos internacionales asumidos por Honduras, además de fortalecer los mecanismos de supervisión judicial y protección de las personas detenidas.

El debate plantea un desafío para el Gobierno: demostrar que las reformas pueden contribuir a reducir la criminalidad sin generar abusos de autoridad ni afectar las garantías constitucionales de la población.

Mientras Bertrand defiende mantener una política de seguridad más severa, Naciones Unidas insiste en que la lucha contra el crimen organizado debe desarrollarse dentro del Estado de derecho.

Nota de verificación: el contenido íntegro de Radio América no pudo consultarse por una restricción de acceso. La posición atribuida a Bertrand se recoge del titular proporcionado; los antecedentes y las demás declaraciones se contrastaron con fuentes adicionales.