Excónsul habría obtenido 375.000 en sobornos


La exconsulesa de Honduras en Atlanta, Ada Evila Serrano Núñez, es acusada por las autoridades federales de Estados Unidos de dirigir una presunta red de sobornos que le habría permitido obtener más de 375,000 dólares mediante cobros ilegales relacionados con la asignación de citas consulares a ciudadanos hondureños.

Las investigaciones señalan que sus dos hijos participaron en la recepción y depósito del dinero en cuentas bancarias personales.

– El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó el lunes 16 de noviembre de 2026 sobre la detención de la exfuncionaria, sus dos hijos y un exempleado del Consulado de Honduras en Atlanta, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con sobornos y, en el caso de Serrano, conspiración para cometer lavado de dinero.

Serrano Núñez, de 72 años, ejerció como cónsul general de Honduras en Atlanta, Georgia, desde julio de 2022 hasta marzo de 2026, durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro.

Según los documentos judiciales, la exdiplomática habría aprovechado su posición para exigir pagos a una empresa privada que trasladaba ciudadanos hondureños desde diferentes estados hacia el consulado, donde realizaban trámites de pasaportes, documentos de identidad, registros civiles y servicios notariales.

ASÍ HABRÍA FUNCIONADO EL ESQUEMA DE SOBORNOS

Las investigaciones federales identifican a Consular Services Company, una empresa establecida en Tennessee, como la compañía a la que presuntamente se le exigían pagos en efectivo para garantizar que sus clientes pudieran acceder a los servicios consulares.

La empresa ofrecía transporte y asistencia para gestionar citas de ciudadanos hondureños residentes en Estados Unidos.

Sin embargo, de acuerdo con la acusación, Serrano habría condicionado el acceso de esos usuarios a la entrega de dinero, utilizando su autoridad dentro del consulado para facilitar los trámites.

Los fiscales sostienen que la exfuncionaria también instruyó a colaboradores para mantener comunicación directa con representantes de la compañía y coordinar el ingreso de las personas que habían efectuado los pagos.

El presunto esquema de exigencia de sobornos habría funcionado, al menos, entre agosto de 2024 y marzo de 2026.

HIJOS RECIBÍAN EFECTIVO Y LO DEPOSITABAN EN SUS CUENTAS

Uno de los principales hallazgos de la investigación está relacionado con la participación de los hijos de la exconsulesa en el manejo de los fondos.

Las autoridades identificaron a Luis Euceda Serrano, de 39 años, y Ángel Euceda Serrano, de 42, como presuntos responsables de recibir parte del dinero que se obtenía mediante los cobros ilegales.

Según los expedientes judiciales, ambos habrían realizado depósitos en efectivo en cuentas bancarias personales ubicadas en el Distrito Norte de Georgia.

Las operaciones individuales oscilaban entre 100 y 6,000 dólares y se habrían efectuado entre julio de 2023 y diciembre de 2024.

Los investigadores también documentaron entregas de efectivo realizadas por personas relacionadas con el consulado, como parte de los movimientos financieros bajo investigación.

Las autoridades estadounidenses consideran que estas operaciones podrían constituir mecanismos para movilizar y ocultar el origen de los recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita.

MENSAJES REVELAN TEMOR A CÁMARAS Y MICRÓFONOS

Los documentos judiciales también describen comunicaciones en las que la exfuncionaria habría manifestado preocupación por la posibilidad de estar siendo vigilada.

En una conversación citada por los investigadores, Serrano expresó temor ante la eventual existencia de cámaras y micrófonos ocultos dentro de las instalaciones consulares.

La acusación señala que la exdiplomática presuntamente utilizaba aplicaciones de mensajería encriptada para comunicarse con otras personas relacionadas con las operaciones.

Asimismo, habría establecido restricciones sobre la cantidad de citas que podían reservar diariamente los clientes de la empresa, con el propósito de controlar el mecanismo de acceso a los servicios.

Estos elementos forman parte de las pruebas documentales que las autoridades federales pretenden utilizar para sustentar las acusaciones.

CUATRO DETENIDOS POR EL CASO

Además de Ada Evila Serrano Núñez, las autoridades estadounidenses detuvieron a otras tres personas:

  • Luis Euceda Serrano, de 39 años: hijo de la exconsulesa.
  • Ángel Euceda Serrano, de 42 años: también hijo de la exfuncionaria.
  • Mario Antonio Castellanos Velásquez, de 63 años: exempleado del Consulado de Honduras en Atlanta.

Serrano enfrenta tres cargos relacionados con la exigencia de sobornos, conspiración para exigir sobornos y conspiración para cometer lavado de dinero.

Sus hijos y el exempleado consular fueron señalados en una denuncia penal por presunta conspiración para exigir sobornos.

Los cuatro comparecieron ante un tribunal federal estadounidense y quedaron bajo custodia del Servicio de Alguaciles mientras continúan los procedimientos judiciales.

PRIMER CASO BAJO NUEVA LEY CONTRA EXTORSIÓN EXTRANJERA

El Departamento de Justicia destacó que este proceso constituye el primer caso presentado bajo la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés).

Esta legislación permite perseguir penalmente a funcionarios extranjeros que soliciten o reciban sobornos relacionados con actividades desarrolladas en territorio estadounidense o con empresas de ese país.

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg, del Distrito Norte de Georgia, advirtió que los representantes diplomáticos extranjeros no pueden utilizar sus cargos para obtener beneficios económicos ilegales.

Las autoridades estadounidenses señalaron que continuarán investigando las operaciones financieras y las responsabilidades individuales de las personas involucradas.

CASO PONE BAJO ESCRUTINIO LA ATENCIÓN CONSULAR

La investigación plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y control de las citas consulares durante el período en que Serrano dirigió la representación hondureña en Atlanta.

Los consulados cumplen funciones esenciales para miles de hondureños residentes en Estados Unidos, particularmente en la emisión de pasaportes, documentos de identificación y otros trámites necesarios para su vida cotidiana.

El caso también abre la discusión sobre la participación de intermediarios privados en la gestión de servicios consulares y la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a ellos sin pagos irregulares.

Por ahora, las autoridades estadounidenses deberán demostrar ante los tribunales las acusaciones formuladas contra la exdiplomática y los otros tres detenidos.

Aunque los investigadores sostienen que la presunta red obtuvo más de 375,000 dólares mediante sobornos, los señalamientos todavía no constituyen una sentencia condenatoria. Los cuatro acusados mantienen su presunción de inocencia hasta que se demuestre su responsabilidad penal.


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