Nuevas capturas y viviendas demolidas durante desalojo de 300 familias en Cofradía, SPS


San Pedro Sula, Honduras. La Policía Nacional continuó este jueves 19 de noviembre de 2026 el desalojo de unas 300 familias que ocupaban terrenos en la colonia Belén, sector de Cofradía, donde se reportaron nuevas detenciones, demolición de viviendas y momentos de tensión entre pobladores y agentes policiales.

– El operativo, que comenzó el pasado martes 17 de noviembre, busca recuperar aproximadamente 498 manzanas de terreno reclamadas como propiedad privada, en cumplimiento de una orden judicial relacionada con un proceso por presunta usurpación.

Durante la jornada de este jueves, las autoridades reportaron al menos dos nuevas capturas de personas que presuntamente se opusieron a las labores policiales.

El subinspector Noel Pérez informó que el primer detenido durante el operativo del martes fue puesto en libertad antes de cumplir 24 horas, debido a que su arresto estuvo relacionado con una falta por alteración del orden público y obstaculización de las labores policiales.

POLICÍA MANTIENE OPERATIVO EN TERRENOS DESALOJADOS

Las autoridades desplegaron un amplio contingente de seguridad para ejecutar la resolución judicial y garantizar el retiro de los ocupantes.

Según los reportes, el operativo comenzó con la participación de 763 agentes policiales, mientras que este jueves ingresaron nuevos equipos para intervenir en las áreas que todavía permanecían ocupadas.

El subinspector Pérez explicó que los propietarios que reclaman los terrenos contrataron aproximadamente diez guardias de seguridad privada para custodiar la propiedad.

Sin embargo, denunció que algunos ocupantes habrían intentado desarmar a los vigilantes, situación que motivó el mantenimiento de la presencia policial en el sector.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, aclaró que la institución no determina los desalojos, sino que ejecuta las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales.

También señaló que estos procedimientos requieren coordinación con el Ministerio Público, organismos de derechos humanos y autoridades encargadas de la protección de la niñez.

FAMILIAS DENUNCIAN PÉRDIDA DE SUS VIVIENDAS

El desalojo ha provocado preocupación entre cientos de residentes que aseguran haber invertido sus ahorros en la construcción de viviendas y en actividades agrícolas desarrolladas en los terrenos.

Durante las primeras jornadas, maquinaria pesada derribó numerosas estructuras, incluyendo casas de madera, láminas y construcciones de concreto.

Algunos afectados afirmaron que habían invertido hasta 400,000 lempiras en sus viviendas, mientras otros intentaron recuperar materiales de construcción y pertenencias antes de que las máquinas continuaran con las demoliciones.

Entre los casos documentados figura el de Noemí Mejía, quien denunció la destrucción de una siembra de frijoles y ayotes en la que había invertido aproximadamente 5,000 lempiras.

Varias familias también manifestaron que no cuentan con alternativas habitacionales para trasladarse después de abandonar los terrenos.

ABOGADOS CUESTIONAN ALCANCE DE LA ORDEN JUDICIAL

El procedimiento ha generado controversia debido a que representantes legales de algunos afectados sostienen que la orden judicial identifica únicamente a diez personas investigadas por presunta usurpación de tierras.

Los abogados argumentan que el documento no debería utilizarse para desalojar indiscriminadamente a cientos de familias que no aparecen individualmente señaladas en el expediente.

El abogado Josué Jovel informó que presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, con el propósito de solicitar protección judicial y detener las demoliciones mientras se revisa la legalidad del procedimiento.

Por su parte, las autoridades policiales insisten en que su actuación responde al cumplimiento de una resolución judicial vigente.

Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente que el recurso de amparo haya producido una orden de suspensión del desalojo.

ENFRENTAMIENTOS DEJAN DETENIDOS Y PERSONAS AFECTADAS

Durante el desarrollo del operativo se han registrado enfrentamientos entre agentes policiales y pobladores que intentaron impedir el ingreso de maquinaria pesada.

Los reportes señalan que algunos manifestantes lanzaron piedras y palos, mientras que los policías utilizaron gases para dispersar a quienes se oponían al procedimiento.

También se documentaron personas desmayadas, denuncias de agresiones y varias detenciones.

La situación ha generado preocupación por la presencia de niños, mujeres y adultos mayores entre las familias afectadas.

El conflicto continúa mientras algunos residentes abandonan voluntariamente el sector y otros mantienen su oposición a la recuperación de los terrenos.

PERSISTE INCERTIDUMBRE SOBRE EL FUTURO DE LAS FAMILIAS

El desalojo de la colonia Belén vuelve a evidenciar las dificultades que enfrentan numerosas familias hondureñas para acceder a una vivienda y las controversias legales relacionadas con la ocupación y propiedad de terrenos.

Aunque las autoridades sostienen que deben garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, los afectados solicitan que se revisen las condiciones del procedimiento y se respeten sus derechos.

La situación también plantea la necesidad de establecer mecanismos de atención para las personas que han perdido sus viviendas, especialmente aquellas que no cuentan con recursos para trasladarse a otro lugar.


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