Pedro Castillo fue detenido en flagrancia este miércoles por la Policía y la Fiscalía del Perú, luego de perpetrar un autogolpe y poco antes de su destitución por el Congreso. El Ministerio Público confirmó que fue intervenido en la prefectura de la Policía de Lima, en compañía del exprimer ministro Aníbal Torres, por el delito de rebelión, el cual está regulado en el artículo 346 del Código Penal.

En el Título XVI del capítulo I del documento, referente a acciones que atentan contra el Estado y orden constitucional, se especifica que quien “se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años, y expatriación”.

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Alternativamente, el Ministerio Público dispuso iniciar diligencias preliminares por la presunta comisión de conspiración, en agravio del Estado (Art. 349° del Código Penal), que dispone “pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar”.

El abogado constitucionalista Erick Urbina matizó en RPP que Castillo cometió una “infracción constitucional por la cual debe ser deshabilitado hasta por 10 años”, de modo que “corresponde que la Fiscalía de la Nación de oficio lo procese por estos actos”.

“Como mínimo, no solo es usurpación de funciones y un desacato flagrante por el cual deberá responder ante las autoridades”, dijo Urbina.

Durante cerca de media hora, el paradero de Castillo fue desconocido hasta que la Policía informó que un grupo de efectivos lo intervino, según las facultades y “atribuciones descritas en el artículo 5 de D.L. (decreto legislativo) n.° 1267″.

“Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado”, escribió la institución.

La Junta de Fiscales Supremos había anunciado acciones legales tras el “quebrantamiento del orden constitucional”, en un video grabado por Patricia Benavides, fiscal de la Nación, y los fiscales supremos Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena.

Después del discurso donde disolvió el Congreso, Castillo abandonó la residencia de Palacio junto a su esposa, Lilia Paredes, y sus hijos. Posteriormente, la comitiva presidencial ingresó a la sede de la Prefectura de Lima, ubicada en la Av. España. La fiscal Patricia Benavides y el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, encabezaron la diligencia en la prefectura.

En la diligencia se dispuso realizar al detenido el reconocimiento médico-legal, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.

Vacado

Castillo dictó disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) para apartarlo de la jefatura del Estado.

“Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional”, dijo Castillo en un mensaje a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.

Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta “convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses”.

Asimismo, ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy desde las 22.00 hora local (3.00 GMT del jueves) y que “se declara en reorganización del sistema de judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)”, agregó.

A raíz de la vacancia, la abogada izquierdista Dina Boluarte juró ante el pleno del Congreso como la primera presidenta de la historia del país, tras la destitución por el Parlamento de Castillo

A la ceremonia, celebrada en el hemiciclo legislativo, acudieron congresistas y otras altas autoridades de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas, que fueron ovacionados por haber anunciado que respetarían la sucesión constitucional. (infobae)

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