El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido este viernes una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.

El TPI también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, ha hecho saber la corte en un comunicado.

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La corte entiende «motivos razonables» para creer que Putin «tiene responsabilidad penal individual» por estos delitos, bien por su comisión «directa» o por haber sido incapaz de «ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos».

La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra

Afirma que el presidente de Rusia es «presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del de traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia»La Corte Penal Internacional ha emitido este viernes por la tarde una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes cometidos durante la guerra de Ucrania.

Documento textual

«El señor Vladimir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, Presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del de traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia (en virtud de los artículos 8.2.a.vii y 8.2.b.viii del Estatuto de Roma).

 Los crímenes se habrían cometido en territorio ocupado por Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que Putin es responsable penalmente a título individual de los crímenes mencionados, por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma), y (ii) por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos, de conformidad con la responsabilidad superior (artículo 28(b) del Estatuto de Roma)» (cadenaser)