La imagen dio la vuelta al mundo. Tras días de tensión y protestas callejeras vinculadas a las causas judiciales contra la vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández, con represión policial incluida, una fracción de segundo pudo cambiar la historia.

Las primeras hipótesis vincularon a Fernando Sabag Montiel, el principal detenido por apuntar una Bersa Thunder 32 -sin que saliera el proyectil- sobre el rostro de Fernández, con Revolución Federal, un grupo que hacía escraches a políticos oficialistas y convocaba manifestaciones con antorchas y guillotinas de madera.

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También están detenidos la novia de Montiel, Brenda Uliarte, como coautora, y Nicolás Carrizo, como partícipe secundario por supuestamente coordinar el atentado, pues de su teléfono móvil habrían salido comunicaciones vinculadas al ataque.

Un año después del intento de magnicidio el caso se mantiene bajo la incógnita de las presuntas conexiones entre los imputados, una banda de jóvenes radicalizados y un grupo de «financistas e instigadores», como sostiene la expresidenta (2007-2015). Todo, en medio de una sociedad argentina conmovida por el caso, pero también hastiada de intrigas políticas.

LOS “COPITOS”

Lo único tangible es que Sabag, Uliarte y Carrizo, bautizados como la ‘banda de los copitos’, por simular ser vendedores de algodón de azúcar antes del ataque, están a la espera de juicio.

El 1 de septiembre de 2022, Sabag, brasileño de entonces 35 años, se acercó a la vicepresidenta, mientras saludaba, a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, a seguidores que le mostraban su apoyo días después de que un fiscal lanzara un alegato contra ella en un juicio por presunta corrupción en sus mandatos presidenciales.

En una fracción de segundo, acercó el arma a su rostro pero la bala no salió de la recámara. Y mientras Fernández era puesta a resguardo por su custodia, militantes detenían al atacante, que fue entregado a la Policía.

El caso conmocionó a buena parte de la sociedad argentina, que al día siguiente salió a las calles a manifestarse contra la violencia y el «ataque a la democracia», precisamente en puertas de que el país celebrase los 40 años del fin de la última dictadura en el país (1976-1983).

NEXO POLÍTICO

La investigación, especialmente a raíz de la querella de la vicepresidenta, amplió su radio de acción y busca posibles autores intelectuales.

Mediante sus abogados, Fernández solicitó a la Justicia indagar presuntos vínculos de su vecina Ximena de Tezanos Pinto y la periodista Delfina Wagner con los principales detenidos por el intento de magnicidio.

Wagner cobró relevancia mediática cuando recientemente dijo en varias entrevistas que vivía con Tezanos Pinto, aunque negó conocer a los acusados antes de que aparecieran en el canal en el que ella trabaja en los meses previos al atentado.

Para los abogados de la vicepresidenta, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, la panelista del canal Crónica TV es una «activista de ultraderecha con contactos directos con personas vinculadas con esta causa y con la agrupación Revolución Federal».

Además, indicaron que «los contactos entre los imputados, los sospechados en esta causa y actores de grupos de ultraderecha son prolíficos y reiterativos».

Esta hipótesis continúa la línea de investigación para intentar desvelar a supuestos autores intelectuales, después de que la jueza María Eugenia Capuchetti solicitara en junio pasado elevar a juicio oral y dar por cerrada la investigación, ante la falta de evidencias de vínculos políticos.

La exmandataria pidió su recusación por considerarlo «un intento» de «evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores».

Previamente, Fernández había apuntado contra el diputado Gerardo Milman, de la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), como presunto nexo del ataque, que responde a la candidata presidencial por esa formación, Patricia Bullrich.

La asociación con Milman surgió 20 días después del atentado, cuando un asesor del gobernante Frente de Todos (peronista), Jorge Abello, afirmó haber escuchado al parlamentario decir en un bar, antes del ataque, que «cuando la maten» él iba a estar en la costa argentina.

A principios de mayo, la vicepresidenta clamó contra el presunto «encubrimiento» del atentado y apuntó contra la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), al apoyarse en una noticia que revelaba que una testigo clave del caso sufrió presiones para borrar datos de su teléfono móvil en unas oficinas relacionadas con ella.

Sin embargo, estas ‘bombas mediáticas’ no prosperaron en la Justicia argentina, que, por ahora, no ha podido confirmar posibles vinculaciones.

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Sin faltar las voces que dudaron de la veracidad del atentado y sugirieron una ‘puesta en escena’ de la vicepresidenta, lo cierto es que las teorías elaboradas en este año no sirvieron para que la Justicia encuentre otras pruebas que la actuación de varios ‘lúmpenes’ alimentados por el odio. (lavanguardia)