Por: José Meléndez Corresponsal El Universal de México

San José. – A la pregunta ¿qué pasa en Nicaragua?, la respuesta apuntaría a que, al amparo de una supuesta revolución socialista aliada a Cuba, Venezuela, Rusia, Irán y China con una economía bendecida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los árbitros del capitalismo mundial, en ese país murió la democracia y la familia Ortega Murillo afianzó su autoritarismo rumbo al totalitarismo.

Con el silencio mayoritario de la comunidad internacional, como México, y salvo las excepciones de Estados Unidos y—a veces—de Europa, el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, continuó la semana anterior su avance hacia el reforzamiento o el blindaje del sistema institucional nicaragüense, que ya está sometido a sus designios o indiscutible e inapelable mando vertical.

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 Murillo ajustó y apretó tuercas la semana anterior en el Poder Judicial para evitar filtraciones y expandir e imponer su dominio a una instancia que, tradicionalmente, respondió al mando directo de Ortega.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral quedaron progresivamente sometidos a los designios de la pareja presidencial a partir de 2007, aunque las purgas son frecuentes en esas estructuras para limpiar el escenario e impedir cualquier signo de resistencia interna, con el control de las fuerzas militares, policiales y paramilitares.

Al retornar a la Presidencia en 2007, Ortega y Murillo “han empujado el establecimiento de un régimen autoritario y de corte dinástico, tal como se puede apreciar en las reconfiguraciones del marco jurídico, institucional y de alianzas con actores clave como el gran capital, que construyeron hasta 2018”, dijo la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, directora del (no estatal) Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), asilada en Costa Rica.

“En ese período instalaron también un sistema de dispositivos de represión y control sobre la ciudadanía que ya revelaba la naturaleza autoritaria de su proyecto político. Comenzaron a construir un grupo de poder económico alrededor de la familia presidencial. Ese proceso transcurría guardando todas las formalidades de la democracia como ocurre en los regímenes autoritarios competitivos”, describió Cuadra a EL UNIVERSAL.

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“En la actualidad, en vista que no ha logrado contener el descontento aun empleando niveles de violencia extremos y cometiendo crímenes de lesa humanidad, el gobierno se ha radicalizado en términos autoritarios y represivos, profundizando todavía más el descontento y la insatisfacción ciudadana”, añadió.

Al subrayar que el “discurso público” del dúo “esté revestido con tintes de izquierda y aparezca aliado con regímenes autocráticos como Rusia, China, Irán, Venezuela, Cuba” y otros “de corte autoritario”, recordó que “en términos económicos siempre ha mantenido buenas relaciones con organismos financieros internacionales para tener acceso a fondos externos. Y mantiene sus lazos de dependencia respecto a las actividades económicas con EU”.

“En realidad su socialismo es solamente un artificio discursivo frente a sus bases de apoyo”, aclaró.

Cuadra coincidió con otros analistas políticos regionales en que “el régimen parece preparar las condiciones para llevar a cabo el giro dinástico considerando que Murillo, mujer de Ortega, vicepresidenta y quien centraliza la toma de decisiones, ha avanzado en extender su control personal sobre el aparato gubernamental y los demás poderes estatales”.

Murillo asestó, a partir del 24 de octubre pasado, un fuerte golpe a la Corte Suprema de Justicia con una barrida para sacar a más de 100 funcionarios, con varios magistrados, en una lista encabezada por la magistrada presidenta, la abogada Alba Luz Ramos, definida como leal a Ortega.

Nicaragua se precipitó, en abril de 2018, en su más grave crisis democrática, institucional y socioeconómica del siglo XXI y la peor desde el final de una guerra civil, en 1990, y del primer periodo de Ortega como mandatario, de 1985 a 1990, tras comandar el país con un gobierno de facto a partir de 1979 al deponer, por las armas, a la dictadura de la familia Somoza, que gobernó durante 45 años.

Después de tres derrotas electorales (1990, 1996 y 2001), Ortega ganó en 2006 y recuperó la Presidencia en 2007 y, en procesos calificados interna y externamente como fraudulentos, se reeligió de manera consecutiva en 2011, 2006 y 2021 y podrá gobernar al menos hasta 2027.

El conflicto de 2018 detonó una persecución política en Nicaragua al estallar fuertes protestas callejeras contra Ortega y Murillo, con un movimiento opositor que los acusó de ser una dictadura dinástica violadora de los derechos humanos y exigió democracia, libertad y elecciones libres. Ortega y Murillo rechazaron las denuncias y adujeron que en 2018 frustraron un intento de golpe de Estado terrorista ejecutado por los opositores en asocio con EU.

En una de las arengas diarias que transmite por varios medios, Murillo adujo el viernes anterior que “sabemos lo que estamos haciendo, y sabemos adónde queremos ir” para edificar “la Nicaragua que hemos soñado” todos los nicaragüenses para alcanzar bienestar, derechos, libertad, dignidad y hermandad.

“Esa Nicaragua que los agentes del odio, del desamor, de la envidia, del egoísmo, de la avaricia, de la codicia, quisieron destruir (con el estallido de 2018). Pero no pudieron, ni podrán”, proclamó.

El multipartidismo fue prácticamente derogado en Nicaragua y las fuerzas adversarias del exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dominado por Ortega y Murillo, huyeron al exilio, están encarceladas, silenciadas por temor a represalias o se plegaron al régimen como una oposición dócil y obediente y sin ser referente o interlocutor político válido.

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