El juez Kevin Castel, a cargo del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, ha registrado una orden de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), que permite a Estados Unidos resumir información clasificada. Esta medida fue revelada por el abogado y periodista Oscar Estrada.

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Bajo esta orden, el fiscal puede presentar resúmenes o versiones redactadas de la información clasificada solicitada por la defensa del caso, en lugar de revelar los detalles completos.

Esto tiene como objetivo proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y los secretos de Estado, al mismo tiempo que asegura que el proceso legal pueda proceder con información relevante, aunque limitada.

La decisión del juez Castel indica que cierta información considerada clasificada por el gobierno no necesita ser divulgada en su totalidad en el contexto de un caso legal, pero se permite su resumen o versión modificada para propósitos judiciales.

La Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA) es una ley federal de los Estados Unidos que establece los procedimientos para el manejo de información clasificada en los tribunales civiles y penales. Aprobada en 1980 y modificada por última vez en 2010, la CIPA tiene como objetivo proteger la información clasificada de la divulgación no autorizada.

Además, la ley establece que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger la información clasificada que se divulga en un caso judicial, pudiendo solicitar al tribunal una orden de protección para evitar la divulgación no autorizada de dicha información.

La CIPA también garantiza los derechos de los acusados en casos penales que involucran información clasificada, permitiéndoles tener acceso a la información clasificada que se les imputa, aunque el gobierno puede solicitar al tribunal que redacte la información para proteger su sensibilidad.