El expresidente hondureño Porfirio Lobo compareció este miércoles al primer día de audiencias en un juicio en su contra por corrupción. En este juicio también está acusado el exgobernante Juan Orlando Hernández, quien actualmente se encuentra preso por narcotráfico en Estados Unidos.

El expresidente Lobo llegó acompañado por sus abogados al juzgado donde se llevó a cabo la audiencia en presencia de los fiscales del Ministerio Público.

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Las audiencias, a las que el juez no dio acceso a la prensa, se prolongarán por tiempo indefinido e incluyen a otros cinco acusados «por fraude y violación de los deberes de los funcionarios», precisó en la red social X (antes Twitter) el Poder Judicial.

Medidas cautelares
El pasado 14 de diciembre, Lobo y los otros cinco exfuncionarios comparecieron a «la audiencia de declaración de imputado», cuando el juez les impuso «medidas cautelares que incluyen una caución de seis millones de lempiras (unos 240.000 dólares)».

La acusación fue presentada el 11 de octubre por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción contra el expresidente Lobo (2010-2014), Juan Orlando Hernández y otros seis exfuncionarios. Uno de ellos no se presentó a la audiencia de imputado y fue declarado prófugo.

Hernández, quien gobernó en dos periodos desde 2014 hasta enero de 2022, está preso en Estados Unidos desde abril del 2022 por tráfico de cocaína y uso de armas de fuego, acusaciones que le pueden significar la reclusión de por vida.

Según el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, Hernández será sometido a «un procedimiento especial» al «no saberse su suerte» en el juicio que se le sigue en Nueva York.

Lobo se dedica actualmente a la agricultura en su región natal de Olancho, en el este hondureño.
Junto a los otros seis exfuncionarios, ambos expresidentes «conformaron entre 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (11,6 millones de dólares)», argumentó la fiscalía.

Hernández, quien se desempeñaba en ese entonces como presidente del Congreso, recibió «desembolsos que se realizaron desde fundaciones para el financiamiento de su campaña política» que lo llevó al poder en 2014.

Lobo, por su parte, autorizó «el traslado de fondos de una secretaría a otra para facilitar los desembolsos a sus fundaciones utilizadas para drenar fondos», agregó la fiscalía.