Durante el año 2023, el Congreso Nacional de Honduras ha sido objeto de críticas por sus gastos operativos desproporcionados, especialmente en concepto de viáticos, según revela un informe de la organización Democracia y Transparencia de ASJ.

Carlos Aguilar, director de dicha organización, destacó que más de mil millones de lempiras se gastaron en gastos operativos, 243 millones en sueldos y salarios, y 167 millones en viáticos durante solo 20 sesiones ordinarias.

Esta situación se agrava debido a la crisis que atravesó el Poder Legislativo el año anterior, cuando una parálisis legislativa duró cuatro meses, generando arbitrariedades por parte de la Junta Directiva a través de la Comisión Permanente, lo que intensificó la conflictividad política. A juicio de ASJ, este contexto no justifica el elevado gasto en viáticos.

Según el informe, apenas se realizaron 43 días de sesión de los 103 posibles, con un 41.72% de trabajo efectivo, lo que resultó en un gasto total de 1,004.6 millones de lempiras. ASJ insta a eliminar el presidencialismo y la concentración de poder en el Congreso Nacional para abordar esta situación.

Además de los viáticos, otros gastos cuestionados incluyen subvenciones por 222.9 millones y el pago de sueldos de 243.2 millones, a pesar de la baja actividad laboral dentro del Poder Legislativo.

El actual Congreso Nacional se ha centrado en la aprobación de préstamos, amnistías y exoneraciones, condecoraciones, estados de excepción, elección de segundo grado, cultura y patrimonio, y nuevas leyes, reformas y presupuestos.

En respuesta a estos hallazgos, Carlos Hernández, director de ASJ, señaló que la democracia en Honduras está en agonía y destacó la necesidad de abordar la corrupción.

En lo que va del año 2024, se han ejecutado 362.5 millones de lempiras, con 75.4 millones destinados a sueldos de diputados, 54.2 millones en viáticos, 2.6 millones en viáticos al extranjero y 80.5 millones en subvenciones.

A pesar de este contexto, se han presentado 255 proyectos de ley este año, de los cuales solo se han aprobado el 21.5%, destacando la Ley de Casas Refugio para mujeres víctimas-sobrevivientes de violencia y la Ley para la prevención y atención de los pacientes oncológicos, entre otros.

Julieta Castellanos, socióloga, criticó el desempeño legislativo y señaló la concentración de poder en pocas manos fuera del Congreso Nacional.

Ante estos hallazgos, ASJ y Democracia en Acción instan al Congreso Nacional a eficientizar su labor legislativa y a implementar una agenda que responda a los intereses del país, evitando el rezago en la producción legislativa.