Formal procesamiento para el juez Vallecillo


La justicia hondureña dictó este sábado auto de formal procesamiento con prisión preventiva para el juez Marco Antonio Vallecillo Banegas, quien se encuentra acusado de extorsión.

Vallecillo, en su rol como coordinador de los Tribunales del Circuito de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, es señalado de recibir sobornos para influir en dictámenes judiciales.

La audiencia inicial para el juez Vallecillo ha sido programada para el viernes 6 de septiembre a las 10:00 a.m. Además, el juez encargado del caso, Juan Carlos Colindres, también ha ordenado la medida de prisión preventiva para Nelson Omar Sierra, otro de los imputados en el esquema de extorsión.

Marco Vallecillo deberá cumplir su prisión preventiva en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), mientras que Nelson Sierra será recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara.

La decisión llega tras una investigación iniciada por la denuncia de un testigo protegido, quien alertó sobre un esquema de extorsión en el que se le solicitó dinero bajo amenazas.

El testigo denunció que los acusados le prometieron que podría ser excluido del caso si entregaba tres millones de lempiras. Para aumentar la presión, utilizaron la figura del Fiscal General para intimidar al denunciante con la amenaza de que la Unidad Fiscal Especializada de Redes de Corrupción (Uferco) le presentaría un requerimiento fiscal en su contra.

Ambos imputados fueron arrestados la semana pasada en flagrante delito cuando estaban recibiendo el dinero como parte de la operación de extorsión.

Este caso pone de manifiesto las tensiones en el sistema judicial y la lucha contra la corrupción, dado el contexto de manipulación de fallos judiciales en el circuito especializado bajo la responsabilidad de Vallecillo, quien manejaba alrededor de 60 expedientes.

La audiencia preliminar está programada para el 6 de septiembre a las 10:00 a.m., y el desarrollo del proceso será observado con atención dada la gravedad de las acusaciones y el impacto potencial en la integridad del sistema judicial.


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