Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), el gobierno de Honduras ha comenzado a exigir acciones legales contra los diputados que aprobaron esta legislación en administraciones anteriores.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, pidió al Ministerio Público que persiga a los legisladores que en su momento votaron a favor de las ZEDEs, acusándolos de traición a la patria, un delito que conlleva penas de 15 a 20 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 40 años, según lo estipulado en el artículo 555 del Código Penal.

La presidenta Xiomara Castro también calificó la aprobación de las ZEDEs como un acto de traición a la patria, celebrando el fallo judicial como un triunfo de la soberanía nacional.

Por su parte, el diputado Jari Dixon instó al Fiscal General a iniciar acciones penales contra los legisladores que aprobaron y ratificaron las ZEDEs en 2012, 2013 y 2017, lo que podría derivar en juicios contra estos funcionarios. La oposición, sin embargo, ha expresado su rechazo a lo que consideran persecución política.