El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presenta requerimiento fiscal contra exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y representantes legales de empresas de fachada, quienes aprovechándose de la pandemia COVID-19 compraron productos sobrevalorados como percoladoras y otros artículos, los cuales no eran esenciales para hacerle frente a la emergencia sanitaria en Honduras.

El decreto ejecutivo PCM 005-2020 le daba la potestad a COPECO y a otras instituciones para gestionar recursos. Sin embargo, en lugar de garantizar la compra de insumos médicos prioritarios, realizaron adquisiciones directas de productos sobrevalorados para lo cual se confabularon con supuestos representantes legales de empresas de fachada y con ello adquirir percoladoras, lavadoras, secadoras, televisores, camas y otros artículos, condenando así a la muerte a cientos de hondureños.

Las personas señaladas por estas presuntas irregularidades son: Gabriel Alfredo Rubí Paredes, exministro de COPECO, Gilberto Estévez Martínez, exjefe de compras y Cristian Elías Santeli Chavarría, exdirector administrativo-financiero, por suponerlos responsables de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Además, se acusa a Odalis Jazmín Martínez Maldonado por fraude y usurpación de funciones públicas; Junior Alexander Benítez Gonzáles, Pedro Antonio Núñez y Mireya Patricia Paz Barahona por fraude.

Según las investigaciones, el esquema de corrupción consistía en que algunos imputados simulaban ser funcionarios de COPECO con la finalidad de aparentar negociaciones lícitas con una empresa distribuidora de productos y dentro de esa misma trama para ocultar las irregularidades solicitaban que las ventas se facturaran a nombre de empresas de fachada, las cuales compraron los productos con una facturación inicial a los siete millones de lempiras y, COPECO en confabulación con esas mismas empresas sobrevaloraron esos mismos productos, adquiriéndolos por un precio superior a los 12 millones de lempiras.

La diferencia es de más de cinco millones de lempiras del costo real al pagó que realizó COPECO a estas empresas. Esta supuesta red de corrupción estructurada en COPECO operó aprovechándose de la crisis que estaba atravesando la población hondureña.