*** Una banda de narcos pagó sobornos para que el ex presidente Manuel Zelaya lo nombrara ministro de seguridad. El 9 de agosto pasado reconoció su culpabilidad en una corte neoyorquina

Las raíces que el narcotráfico hizo crecer en la política hondureña a principios de este siglo son profundas. Hasta ahora, el principal protagonista de esa historia ha sido Juan Orlando Hernández, el expresidente del derechista Partido Nacional que fue condenado por tráfico de drogas en Estados Unidos en marzo pasado.

Pero hay otros políticos de todos los signos ideológicos cuyos nombres aparecen, en documentos judiciales y testimonios ofrecidos en cortes estadounidenses, salpicados por supuestos vínculos con el narco. Dos de esos nombres son los de los hermanos Zelaya, Manuel y Carlos, expresidente del país el primero y exvicepresidente del Legislativo el segundo. Esposo y cuñado, en ese orden, de la presidenta Xiomara Castro.

Las formas en que el narco se relacionó con el poder político cercano a la actual presidenta estarán sobre la mesa, se supone, cuando un exdiputado que tuvo vínculos con los Zelaya ofrezca a la corte estadounidense que lo juzga detalles al respecto. Ese hombre se llama Midence Oquelí Martínez Turcios, quien fue diputado del Partido Liberal, al que pertenecieron Manuel “Mel” Zelaya, esposo de la presidenta Castro, y su hermano Carlos.

Los fiscales estadounidenses del distrito sur de Nueva York, los mismos que acusaron al expresidente Hernández en el juicio que culminó el 8 de marzo pasado, acusan a Martínez Turcios de conspiración para introducir cocaína en los Estados Unidos y de usar armas de alto calibre en esa conspiración. Dicen también los acusadores que el exdiputado es responsable directo de al menos seis muertes relacionadas con el narcotráfico.

Cuando era diputado del Partido Liberal, según la acusación de los fiscales norteamericanos, Martínez Turcios fue uno de los hombres más cercanos a Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, los dos hermanos que dirigían la banda Los Cachiros, una de las dos organizaciones que controlaron el trasiego de cocaína en Honduras desde finales del siglo pasado hasta mediados de la década 2010, cuando se entregaron a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). De la mano de Los Cachiros, el exdiputado organizó y ejecutó asesinatos por venganza y por negocios.

Una de las víctimas de Martínez Turcios y Los Cachiros se llamaba José Aníbal Echevarría Ramos, alias Coque, un exsocio de los narcotraficantes que, en 2003, había matado al hermano menor de Los Cachiros por disputas de poder. A través de un familiar, los Rivera Maradiaga contactaron al político para que les ayudara a ejecutar la venganza, según documentos judiciales. Al menos dos veces intentó Martínez Turcios matar a Coque, una en una hacienda y otra en un hotel de San Pedro Sula, la capital industrial del país. No lo logró. A Coque lo mataron después, el 18 de marzo de 2004.

Durante el juicio al expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de Los Cachiros, fue uno de los testigos de cargo. En el contrainterrogatorio que la defensa de Hernández le hizo el 28 de febrero de 2023 en la corte, Rivera aceptó su relación con los intentos de asesinato de Coque Ramos, el narcotraficante rival, a los que luego los fiscales relacionaron con el diputado Midence Oquelí Martínez Turcios.

Las investigaciones de agentes estadounidenses a estos narcotraficantes hondureños empezaron en la década de 2000. Desde entonces, el nombre de Martínez Turcios se relacionó con el de Los Cachiros e incluso con el de Manuel “Mel” Zelaya, quien fue presidente de Honduras entre 2006 y 2009, cuando fue depuesto por un golpe de Estado, y es el esposo de la presidenta Xiomara Castro.

Ramón Sabillón, uno de los policías hondureños que más ha investigado y perseguido a narcotraficantes como Los Cachiros, empezó a seguir la pista de Midence Oquelí Martínez en 2004, según una publicación del medio Reporteros de Investigación. Para entonces, datos de la inteligencia hondureña que fueron confirmados a Infobae por un oficial que habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público, Sabillón tenía información de que Los Cachiros presionaron al entonces presidente Zelaya para que nombrara a Martínez Turcios ministro de seguridad, algo que el político en principio había aceptado de acuerdo con documentos de inteligencia anexos a expedientes judiciales en Estados Unidos.

En 2008, el entonces embajador estadounidense en Honduras, Charles E. Ford, dio credibilidad a aquellos señalamientos. En un extenso cable fechado el 15 de mayo, que luego fue revelado por Wikileaks, Ford describe exhaustivamente a Zelaya y habla de un lado “siniestro” del político.

Dice Ford que “la incapacidad” de Zelaya de nombrar a un viceministro de seguridad “otorga credibilidad a quienes han sugerido que los narcotrafricantes lo han presionado para nombrar a uno de ellos en esa posición”. También dice el diplomático: “Debido a sus asociaciones cercanas con personas de quienes se cree están relacionadas con el crimen organizado, muchas de sus decisiones pueden de hecho ser cuestionadas”. El embajador termina el apartado diciendo que no puede compartir con Zelaya información sensible por temor de que eso ponga en peligro vidas de oficiales estadounidenses.

La historia no terminó con JOH

En el juicio Juan Orlando Hernández, el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, conocido como el Cachiro, dio información abundante sobre las relaciones del exmandatario con el narco, pero también deslizó que las relaciones de su organización incluían a otros como los Zelaya.

El Cachiro dijo en el interrogatorio que él había sobornado a políticos de todo signo en Honduras para que no le estorbaran en su empresa. Casi al final de contrainterrogatorio, uno de los defensores de Hernández le preguntó si se arrepentía de todo aquello, de los asesinatos y los sobornos. La respuesta del cachiro es una descripción bastante explícita de la relación entre la política hondureña y el narcotráfico:

“En su tiempo no me arrepentí, pero me arrepiento ahora de las muertes, como me arrepiento de haberlos sobornado… Ellos me podían haber detenido porque ellos sabían que éramos una banda de narcos muy peligrosos y en lugar de atraparnos se volvieron miembros de la banda Los Cachiros”, declaró Rivera Maradiaga. En otro pasaje de los interrogatorios, el cachiro aclaró que, para él, cualquiera que haya recibido dinero de su organización era un miembro de la banda.

En aquel intercambio durante el juicio al expresidente Juan Orlando Hernández -JOH como se le conoce en Honduras por sus iniciales-, Rivera Maradiaga también se refirió a quienes ocupan el poder en la actualidad. A una pregunta de la defensa de JOH, el narco incluyó a Carlos Zelaya entre quienes recibieron sobornos de Los Cachiros. A él, dijo Rivera, la banda le dio entre USD 100.000 y USD 200.000.

Carlos Zelaya, a pesar de los señalamientos, llegó a ocupar el puesto de la vicepresidencia del Congreso hasta que el primero de septiembre pasado renunció luego de que se hizo público un video en el que aparece reunido con Los Cachiros y habla con ellos de lo que se entiende es un soborno para su hermano, Mel Zelaya, a quien en el encuentro se nombra como “el comandante”.

Poco antes de que estallara el escándalo que implicaba a los Zelaya, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro denunció el tratado de extradición con Estados Unidos, el mismo que permitió la salida a cortes estadounidenses de narcotraficantes como el expresidente Hernández o el mismo Midence Oquelí Martínez. Por ahora, Carlos Zelaya, a quien el Ministerio Público (MP) hondureño ya incluyó en una lista de investigados en un expediente abierto a varios políticos tras las revelaciones hechas por testigos como el Cachiro en el juicio a JOH, sigue libre y a salvo de ser extraditado.

El blindaje a Zelaya no implica, sin embargo, que la información sobre los posibles vínculos del esposo de la presidenta y su familia con el narcotráfico no fluya en las investigaciones y procesos judiciales que permanecen abiertos en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York.

El exdiputado Martínez Turcios se había declarado culpable de narcotráfico el 9 de agosto pasado en una corte neoyorquina presidida por la jueza Jennifer Willis. El caso pasó, entonces, a la etapa de sentencia, que es cuando las partes suelen terminar de negociar los beneficios concedidos al imputado a cambio de la declaratoria de culpabilidad. En muchos casos similares el principal activo de los condenados es la información que puedan proporcionar a la fiscalía sobre la empresa criminal y sus asociados.

La audiencia para dictar sentencia, procedimiento que en el caso del hondureño Midence Oquelí Martínez estará a cargo del juez Lewis A. Kaplan, también en el distrito sur de Nueva York, estaba programada para este 7 de noviembre, sin embargo, el 17 de octubre pasado, la fiscalía solicitó que la sentencia se lea hasta marzo de 2025 para que antes se realice una audiencia en la que se expondrá prueba que ayudará al juzgador a tomar su decisión final sobre el tiempo en prisión.

Un funcionario judicial estadounidense en retiro, familiarizado con este tipo de procedimientos, aseguró que es en esta etapa del proceso en que la fiscalía puede utilizar las pruebas recogidas contra el imputado que se ha declarado culpable para negociar penas reducidas a cambio de información.

Las pruebas que los fiscales estadounidenses presenten previo a la lectura de la sentencia al narcotraficante y exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios contarán, previsiblemente, otra parte de la historia de la relación entre el narcotráfico y la clase política del país centroamericano. En esa historia se repiten nombres como Los Cachiros y eventos como los asesinatos por venganza y los sobornos a los hombres más poderosos del país, fuesen estos de un partido o de otro.

Esa historia se puede resumir así: a finales del siglo pasado, luego de que un huracán devastador, al que los servicios meteorológicos estadounidenses nombraron Mitch, arrasó Honduras y buena parte del norte centroamericano, grupos locales de contrabandistas reconvirtieron su negocio en lucrativas empresas de narcotráfico. La transformación fue facilitada por la clase política hondureña, tanto por el Partido Nacional de derecha como por el Liberal, cuyo signo ideológico ha oscilado entre la centro derecha y la izquierda chavista.

El maridaje entre ambos, políticos y narcos, y la forma en que este posibilitó la construcción de un narco Estado, quedó contada en el juicio al expresidente Juan Orlando Hernández, pero no fue ese proceso el último capítulo de la historia: la relación del narco con el poder que, en la actualidad, lidera la vida política hondureña apenas empieza a contarse. (INFOBAE)