La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras ha declarado oficialmente la inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) tras la publicación de la sentencia en el diario oficial La Gaceta, número 36,698, con fecha lunes 25 de noviembre de 2024.

 La Sala de lo Constitucional resolvió admitir la garantía de inconstitucionalidad interpuesta por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco José Herrera Alvarado, contra el artículo 34 del Decreto Legislativo No. 120-2013, que contiene la Ley Orgánica de las ZEDE.

El pasado 20 de noviembre, la CSJ notificó la sentencia que declara la inconstitucionalidad de las ZEDE, la cual fue remitida al Congreso Nacional para su publicación. El presidente del Legislativo, Luis Redondo, recibió la notificación y la envió a La Gaceta el mismo día.

La CSJ declaró por mayoría de votos la inconstitucionalidad del Decreto 236-2012, que reformaba los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como del Decreto 120-2013 que contiene la Ley Orgánica de las ZEDE, por vulnerar artículos pétreos de la Constitución. La nulidad se declara desde el origen del mismo, ya que partió sobre una reforma constitucional sobre artículos pétreos.

Contexto sobre las ZEDE en Honduras

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) fueron creadas en 2013 como un tipo de división administrativa independiente en algunas zonas de Honduras. Estas zonas tenían un alto nivel de autonomía, con su propio sistema político, judicial, económico y administrativo, basados en el capitalismo de libre mercado.

El objetivo principal era atraer inversión y generar empleo en áreas deshabitadas o en municipios que solicitaran su conversión a ZEDE mediante referéndum.

Sin embargo, las ZEDE han sido objeto de controversia y rechazo por parte de la población hondureña y diversos sectores, incluyendo la iglesia católica y movimientos a favor de los derechos.

Las críticas se centraban en que las ZEDE violaban la soberanía nacional y la Constitución de Honduras, además de que podrían llevar a la expropiación de tierras y desplazamiento de comunidades.

En abril de 2022, el Congreso Nacional derogó las reformas constitucionales y las leyes que crearon el régimen ZEDE, aunque las tres ZEDE en operación (Próspera, Morazán y Orquídea) argumentaron que gozaban de derechos adquiridos que les permitían continuar operaciones por 50 años, de acuerdo con sus Contratos de Estabilidad Jurídica.