El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó este martes que varias empresas de seguridad privada en Honduras están siendo investigadas por presuntamente colaborar con estructuras del crimen organizado.

Según el funcionario, una de las tácticas de estas organizaciones ilícitas es la creación de empresas de seguridad que aparentan ser legales, utilizando testaferros y profesionales para cumplir con los requisitos formales.

Sin embargo, en la práctica, estas empresas proveen armas y servicios directamente a narcotraficantes, maras, pandillas y grupos de extorsión.

“Conforman empresas de seguridad privada, totalmente lícitas, pero en la práctica las armas son portadas por supuestos miembros que brindan seguridad a estructuras criminales”, explicó Sánchez.

El Ministerio de Seguridad está replanteando el sistema de permisos para la operación de estas empresas, tanto en el ámbito administrativo como operativo, para frenar su utilización por el crimen organizado.

Además, Sánchez informó sobre la intención de adquirir equipos especializados, como el sistema Black Mamba, vehículos livianos blindados y comandos móviles, que permitirán a las autoridades operar en zonas de difícil acceso y combatir de manera más efectiva las actividades delictivas.

Las investigaciones buscan desarticular esta modalidad de colaboración entre empresas privadas y estructuras criminales, que agrava los problemas de violencia e inseguridad en el país.