La Corte de Apelaciones de lo Penal ha anulado la orden de captura en contra del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, y ha decretado su sobreseimiento definitivo en el caso de malversación de caudales públicos invocando el Decreto de Amnistía Política.

En las últimas horas, la Corte resolvió por unanimidad de votos declarar con lugar dos recursos de reposición presentados por la defensa de Padilla Sunseri.

El primero de estos recursos revocó una resolución del 28 de noviembre, mientras que el segundo se refería a una decisión del 4 de marzo de 2022, también por malversación de caudales públicos. Este fallo implica un sobreseimiento definitivo para el exalcalde en relación al delito de malversación de caudales públicos culposa.

Padilla Sunseri se encontraba con una orden de captura desde el 19 de septiembre de 2017, luego de su huida y estado de prófugo, y había estado cumpliendo medida de arresto domiciliario debido a varios procesos judiciales relacionados con su gestión en la alcaldía de San Pedro Sula.

La acusación inicial, presentada el 30 de octubre de 2009, lo vinculaba a delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, específicamente por el gasto excesivo y alto consumo de combustible asignado a los regidores, durante su periodo como regidor (2002-2006) y posteriormente como alcalde (2006-2009).

Ampliando sobre la Amnistía Política en Honduras

La amnistía política, establecida bajo el Decreto 04-2022, ha sido un tema controversial y ha beneficiado a varias figuras públicas hondureñas.

Esta ley, aprobada con el objetivo de liberar a presos políticos y de conciencia, ha sido extendida para cubrir también a exfuncionarios acusados de delitos comunes conexos a la administración pública, como es el caso de Rodolfo Padilla Sunseri.

Este decreto ha permitido que figuras como Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel, y Enrique Flores Lanza, exministro de la presidencia, también vean extinguidas sus responsabilidades penales por delitos cometidos durante sus respectivas administraciones.

La aplicación de esta amnistía ha generado debates sobre justicia e impunidad en Honduras, especialmente porque ha sido vista por algunos sectores como un «pacto de impunidad» que favorece a exfuncionarios implicados en casos de corrupción.

Sin embargo, defensores de la ley argumentan que su propósito es reconciliar la sociedad después de años de polarización política, facilitando la pacificación y el perdón.

La Corte Suprema de Justicia ha declarado constitucional este decreto, permitiendo así que continúe su aplicación, no solo para Padilla Sunseri sino también para otros defensores de derechos humanos y personas que han enfrentado persecución por razones políticas.

Este fallo implica que las amnistías judiciales pueden seguir otorgándose, manteniendo en vigor la posibilidad de liberar a aquellos que se beneficiarían de la «amnistía para la liberación de presos políticos y presos de conciencia».

Este es un recordatorio de cómo la política hondureña y su sistema judicial están entrelazados, donde decisiones como estas pueden tener amplias repercusiones en la percepción pública sobre justicia, corrupción y reconciliación nacional.