La embajadora Milena Mayorga comunicó la firma de un memorando de entendimiento entre EUA y El Salvador sobre energía nuclear, sin brindar detalles precisos del contenido del mismo.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, anunció en su cuenta de X (antes Twitter) la firma de un convenio entre el Gobierno de El Salvador y el Instituto de Energía Nuclear (NEI, por sus siglas en inglés) de ese país para temas relacionados con la materia, pero sin precisar en qué consiste ni cuáles serían sus implicaciones.

De acuerdo con la embajadora:

“Hemos sostenido una mesa redonda entre el GOES y el Gobierno de Estados Unidos, pero también con importantes aliados en el tema de energía nuclear (…) Se firmó este memorando de entendimiento específicamente entre la oficina de energía de los Estados Unidos y la oficina de energía nuclear de El Salvador”, dijo la funcionaria.

Mayorga no explicó en qué consiste el memorando, qué compromisos implica para ambos países ni cuánto tiempo llevaba en discusión antes de su firma, ni qué institución firmó en nombre de El Salvador, dado que la oficina de energía nuclear aún no tiene vida legal, ya que la ley de la materia aún no ha entrado en vigencia. En el video compartido de la reunión, sin embargo, puede verse al presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez.

Pese a ello, Mayorga aseguró que espera que el país tenga un reactor nuclear ya instalado y operativo en territorio salvadoreño en un plazo de siete años.

“Será a largo plazo tener las plantas y proveer a la empresa privada y al Estado de otra fuente de energía; y la planta nuclear va a estar lista en siete años”, indicó Mayorga.

La funcionaria también destacó que el proyecto inició por sugerencia de la empresa llamada Thorium Energy Alliance, que le vendió la idea de buscar energía limpia y que la visitó en la propia embajada.

En El Salvador, la Ley de Energía Nuclear fue aprobada en octubre de 2024. Según el decreto, esta debía entrar en vigencia un año después, en octubre de 2025.

Sin embargo, en agosto de 2025, el oficialismo acordó retrasar el inicio de la vigencia de la normativa hasta junio de 2026, con el argumento de que era necesario atender “recomendaciones de organismos internacionales que señalan la importancia de contar con un sistema jurídico integral y debidamente articulado”.

La ley se aprobó sin ninguna discusión con expertos en la materia, sino únicamente con la opinión del Gobierno para justificar la supuesta búsqueda de mayor diversidad en la generación de energía.