Una investigación periodística del medio El Faro ha revelado documentos que vinculan a la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, con la firma de al menos ocho procesos de adopciones irregulares a inicios de la década de 1980.

De acuerdo con el informe, estos casos ocurrieron durante el período en que Porras se desempeñaba como administradora del Hogar Elisa Martínez, un centro adscrito al programa nacional de adopciones de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.

Los documentos analizados corresponden a procesos realizados entre enero y agosto de 1982 e involucran a nueve menores, en su mayoría guatemaltecos, aunque también se identifican casos de niños nacidos de madres originarias de El Salvador y Honduras.

Además, información recientemente entregada a un grupo de expertos de las Naciones Unidas señala la existencia de al menos 80 alegaciones de adopciones ilegales en Guatemala entre 1968 y 1996, en las cuales el Estado habría tenido participación.

Según estos reportes, en aproximadamente el 40 % de los casos se registraron cambios de identidad de los menores, lo que ha generado preocupación entre organismos internacionales y defensores de derechos humanos.

La investigación también destaca que, en el actual proceso de postulación para la reelección de Porras como fiscal general, no figura una constancia que acredite su desempeño en el Hogar Elisa Martínez durante ese período.

Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte de la fiscal general sobre los señalamientos, mientras el caso continúa generando atención a nivel nacional e internacional.