La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, ha presentado su informe titulado «Conflictividad 2023: Gobierno ingobernable», que revela una alarmante cifra de 482 conflictos sociales registrados en Honduras durante el año. Este informe pone de manifiesto la profunda crisis social y política que enfrenta el país.

El informe destaca que la lucha de poder entre la clase política y la incapacidad de las instituciones públicas para garantizar servicios de calidad son los principales detonantes de estos conflictos. Se registró un promedio de 8.3 homicidios diarios, mientras el 64% de los hogares hondureños sigue viviendo en la pobreza. Además, 234,800 hondureños fueron detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, lo que refleja la desesperada situación económica y social del país.

• Fragilidad del Estado de Derecho (292 conflictos, 60%): Estos conflictos están vinculados a la deficiencia del Estado en respetar y garantizar los derechos humanos y el cumplimiento del marco jurídico. Entre ellos destacan enfrentamientos entre ciudadanos y fuerzas del orden, así como masacres y asesinatos de campesinos.
• Conflictos Institucionales (94 conflictos, 19%): La inconformidad de la ciudadanía ante la ineficacia del Estado en atender sus necesidades básicas se manifestó en tomas de carretera, demandas por mejor infraestructura vial, y reclamos por una atención médica adecuada y abastecimiento de medicamentos.
• Conflictos Políticos (76 conflictos, 15%): Estos tuvieron mayor incidencia en el segundo semestre del año, marcados por crisis políticas y enfrentamientos en el Congreso Nacional.
• Conflictos Económicos (19 conflictos, 4%) y Electorales (1 conflicto): Aunque menos frecuentes, estos conflictos también contribuyeron a la inestabilidad social.

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Los departamentos de Francisco Morazán y Cortés concentraron la mayoría de los conflictos, con 248 y 31 respectivamente. Otros departamentos afectados incluyen Colón (22), Atlántida (15), Yoro (14) y Olancho (11).

El informe señala un aumento significativo de los conflictos relacionados con la institucionalidad y activistas del Partido Libertad y Refundación, que pasaron del 9% del total en 2021, al 10% en 2022, y al 21% en 2023.

ASJ recomienda que el gobierno implemente espacios de diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad para construir políticas y estrategias realistas a corto, mediano y largo plazo, con el fin de garantizar los derechos de los hondureños, especialmente de los más vulnerables. Se hace un llamado a los altos funcionarios para que promuevan el diálogo y la cohesión social, evitando discursos de odio y actos de violencia que solo aumentan la conflictividad.

El informe «Conflictividad 2023: Gobierno ingobernable» subraya la urgente necesidad de abordar los problemas estructurales que perpetúan la violencia y la inestabilidad en Honduras. La promoción del diálogo, la paz social y una gestión pública más eficiente son cruciales para construir una sociedad más justa y equitativa.

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