En una reunión de trabajo que sostuvo la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE) con miembros de la cadena de comercialización que a su vez son parte del Comité de Hidrocarburos del COHEP, el diputado y presidente de la Comisión de Minería e Hidrocarburos, Erick Alvarado, se comprometió en aprobar la ley de Hidrocarburos para el beneficio de la población.

El anuncio del parlamentario se dio en un encuentro en el Congreso Nacional, en el contexto del conflicto internacional en el Oriente Medio, que ha provocado aumentos en los precios de los derivados del petróleo que se venden en el país.

«Vamos a trabajar en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley de Biocombustibles para que sea garante que va a haber abastecimiento de combustibles», expresó el diputado Erick Alvarado durante un encuentro con representantes de la AHDIPPE y miembros de la cadena.

Agregó que el objetivo de aprobar dicha normativa es beneficiar al consumidor final, mediante una ley que busca garantizar la cantidad y calidad que recibe el usuario al momento de adquirir combustible.

«Hemos estado tocando medidas que se pueden implementar pero tenemos que formalizarlas para poderlas presentar en el pleno del Congreso Nacional y así ver de que sean el servicio del pueblo hondureño», explicó Alvarado.

La Ley de Hidrocarburos constituye el marco legal base sobre el cual deben edificarse todas las normativas y proyectos relacionados, incluyendo los de biocombustibles y cualquier otro similar.

Es oportuno mencionar que AHDIPPE ha impulsado por más de una década la creación de una Ley de Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles, debido a la ausencia de una regulación que garantice la protección del consumidor hondureño, la estabilidad económica del país y un adecuado ordenamiento del mercado; siendo Honduras el único país de Centroamérica que carece de una legislación en este ámbito, lo cual deja en condiciones vulnerables a los consumidores.

De igual forma, desde su fundación en 1960, AHDIPPE ha trabajado en defensa de los intereses de los consumidores, promoviendo propuestas como reformas a la fórmula de comercialización de combustibles, mejoras en la calidad de los productos, medidas de ahorro energético y la aplicación de la llamada “Ley de los 60 grados”, que ha representado hasta la fecha un ahorro estimado de más de L800 millones, mediante descuentos semanales de alrededor de L1.50 por galón.