Durante los últimos cuatro años, la política de fronteras abiertas implementada por la administración de habría permitido que aproximadamente el 5% de la población total de Honduras ingresara de manera irregular a Estados Unidos, según declaraciones de sectores críticos de dicha gestión.

De acuerdo con estas afirmaciones, una parte significativa de los migrantes hondureños envió remesas a su país de origen, las cuales representarían cerca del 27% de la economía hondureña. Asimismo, se sostiene que estos envíos alcanzaron los 5.800 millones de dólares, recursos que, según los críticos, salieron de la economía estadounidense.

En contraste, voceros alineados con el actual liderazgo encabezado por el presidente y la secretaria aseguran que se están implementando medidas para reforzar el control fronterizo y priorizar la prosperidad y los intereses nacionales de Estados Unidos.