La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, reveló que desde hace más de diez días presentó una propuesta para bloquear los códigos IMEI de los dispositivos biométricos que no serán utilizados en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, con el objetivo de fortalecer la seguridad del proceso y evitar usos indebidos.

 Inventario de equipos

• El CNE cuenta actualmente con 27,000 dispositivos biométricos, adquiridos en 2021 y 2025.
• De estos, entre 21,000 y 22,000 serán asignados a las Mesas Receptoras de Votos, procesos de capacitación, partidos políticos y simulacros.
• Aproximadamente 6,000 equipos quedarán en bodega como contingencia.

La propuesta busca que todos los equipos no distribuidos ni configurados para la jornada electoral sean bloqueados mediante sus códigos IMEI, similar al procedimiento aplicado a celulares reportados como robados.

Antecedentes de irregularidades

López explicó que la iniciativa surge tras los hallazgos del informe de auditoría de las elecciones primarias 2025:

• En la página 102 del documento, se detalla que 928 actas ingresaron al sistema TREP sin dirección IP, cada una con un promedio de 101.6 votos, lo que representa un volumen significativo de votos irregulares.
• El sistema no generó ninguna alerta, pese a que todas las actas deberían registrarse con la dirección IP del proveedor correspondiente (Tigo, Claro o antena).La consejera advirtió que estos antecedentes justifican la necesidad de reforzar todas las capas de seguridad:

“La biometría debe ser blindada para garantizar transparencia en las elecciones generales de 2025. No podemos permitir que equipos fuera del circuito electoral sean utilizados con fines indebidos”, señaló López.

El CNE se encuentra en la recta final de los preparativos para las elecciones generales, en las que se elegirá al presidente de la República, diputados al Congreso Nacional, alcaldes y representantes al Parlamento Centroamericano. La propuesta de bloqueo de dispositivos biométricos se suma a otras medidas de seguridad destinadas a garantizar confianza y transparencia en un proceso observado con atención nacional e internacional.