El subjefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Nelson Javier Márquez Euceda, fue capturado este martes por agentes de la Policía Nacional, tras ser señalado por el Ministerio Público como parte de una red de corrupción que habría defraudado al Estado hondureño por más de 3,000 millones de lempiras.

 Acusación por fraude y red de corrupción

La detención de Márquez se da en el marco de un requerimiento fiscal presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), en conjunto con la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP).

El diputado es acusado de fraude, por haber promovido acuerdos extrajudiciales basados en un laudo arbitral sin validez legal, cuando fungía como titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).

 El origen del caso: contratos tras el huracán Mitch

Las investigaciones revelan que el caso se remonta al año 2000, cuando el Estado hondureño adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., que no contaba con autorización para operar en el país. Esta firma subcontrató de forma irregular a NAINSA, y años después ambas promovieron demandas fraudulentas contra el Estado, basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.

En 2020, Márquez recomendó a la Procuraduría General de la República firmar un acuerdo para evitar una “erogación mayor”, lo que derivó en pagos millonarios al margen de los procesos judiciales vigentes.

 Otros implicados

Junto a Márquez, también fueron detenidos:

• Raymundo Gradiz, juez acusado de prevaricato judicial
• Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de NAINSA
• Caronte Rojas Zavala, exintegrante del tribunal arbitral del Colegio de Abogados

Además, el requerimiento fiscal incluye a exfuncionarios como Martha Doblado, Eva María Vásquez Villanueva, y al representante legal de DRC Inc., Murray Paul Palmer, entre otros.

 Esquema prolongado de saqueo

Según el Ministerio Público, los implicados habrían utilizado contratos irregulares, documentos falsos y resoluciones judiciales amañadas para simular litigios y obtener pagos indebidos. Parte del dinero fue depositado en cuentas personales, utilizado para pagar hipotecas y transferido a familiares de altos funcionarios.